Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

SECTOR ENERGÉTICO

Nueva batalla en la cruzada europea de Galán contra EdF

Por María García CiracTiempo de lectura1 min
Economía08-03-2008

Iberdrola ha solicitado al Tribunal de la Unión Europea interferir en apoyo de la Comisión Europea (CE) para acabar con el proteccionismo del Estado francés sobre EdF. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha llegado más allá al declarar que “no estamos hablando de una empresa, sino de un Estado que actúa por intereses geopolíticos y no empresariales”. Esto se entenderá mejor si se tiene en cuenta que el Estado galo dispone de una participación del 85 por ciento de la eléctrica.

Las aguas están revueltas. Y es que, tras la venta de Endesa a la italiana Enel y a Acciona, el gigante eléctrico Iberdrola teme que le ocurra algo parecido. Detrás parecen estar su mayor accionista, ACS, y la francesa EdF, con quien ha tenido ya más de un encontronazo. Sánchez Galán ha dejado claro que no le haría ninguna gracia que, después de 106 años de historia, “venga nadie a trocearla”, pero que si eso es lo que quieren los accionistas la venderán “a trozos” porque sin duda saben “cómo hacerlo”. En un escenario de guerra entre la principal eléctrica española y su homóloga francesa, Sánchez Galán ha denunciado ante el Tribunal de la UE “la existencia de ayudas del Estado incompatibles con el Tratado de la UE”. Iberdrola mantiene que las ayudas del Gobierno francés dificultan la entrada de empresas extranjeras en los mercados galos mientras que, sin embargo, ayudan a EdF a llegar a otros países. De este modo, EdF puede lanzar OPAs sobre otras empresas pero no permite que otras empresas lancen OPAs sobre ella. Ahí está el juego. En la lucha contra este proteccionismo Iberdrola cuenta en su defensa con dos medidas derogadas por la Unión Europea en esta materia. Una de ellas es la acción de oro, que le permitía al Gobierno español bloquear cualquier decisión que no le gustara; la otra era conocida como ley Rato, e impedía que las empresas públicas extranjeras compraran más de un tres por ciento de los derechos políticos de las sociedades energéticas españolas. Y si la Unión actuó en estos casos, ¿por qué no iba a actuar ahora? La respuesta queda en el aire, merece la pena mantener la atención.