La justicia argentina suspende el aumento de tarifas de gas y electricidad
Por Alejandra Redondo
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Economía15-12-2002
La justicia argentina se mostró en total desacuerdo con respecto a las medidas gubernamentales adoptadas en relación a una subida de tarifas del siete y nueve por ciento en los sectores de electricidad y gas respectivamente. Por ello, la juez de lo Contencioso Administrativo Federal Susana Córdoba se encargo de suspender tales incrementos a través de una disposición que implicaba un fallo en su contra.
La justicia argentina se mostró en total desacuerdo con respecto a las medidas gubernamentales adoptadas en relación a una subida de tarifas del siete y nueve por ciento en los sectores de electricidad y gas respectivamente. Por ello, la juez de lo Contencioso Administrativo Federal Susana Córdoba se encargo de suspender tales incrementos a través de una disposición que implicaba un fallo en su contra. Es la segunda vez que la cúpula gubernamental argentina tiene que hacer frente a un fallo de este tipo, dado que el pasado martes, Alicia Oliveira, Defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, se unió a la intención de invalidar medidas tan inoportunas y en todo caso poco beneficiosas para el total de la población. Estas medidas fueron adoptadas después de que fracasaran las audiencias públicas entre consumidores, empresas y autoridades que, a pesar de suponer la estabilidad empresarial en Argentina, han encontrado a su paso dificultades copiosas que no le permiten ejercer su papel actualmente. Por su parte, el presidente, Eduardo Duhalde, ha advertido de su próxima insistencia ante la justicia a fin de lograr tales incrementos para compensar a las empresas por la devaluación del peso. Su negativa a "postergar el problema" y dejarlo en manos del próximo presidente -que tomará el cargo en Mayo del 2003- es parte fundamental de su consideración en este tema. La situación argentina sigue en profundo desorden y, frente a esto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presta su opinión al considerar los aumentos en los precios, de entre el 20 y 40 por ciento, lógicos y oportunos, postura defendida y exigida también por las empresas de servicios públicos, en su mayoría de capitales extranjeros. Ahora se habla de "situación insostenible", crisis energética y de baja rentabilidad empresarial. Pero, aun así y a consecuencia o no de un incremento en los precios, las empresas argentinas mantienen suspendidas sus inversiones.