REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La Corte Penal Internacional se prepara para juzgar las matanzas de Ituri

Por Salvador Martínez2 min

Internacional20-07-2003

El puesto de Fiscal Jefe fue designado el pasado 16 de Junio. El detentor del cargo es un abogado argentino de 50 años, Luis Moreno Campo. Él y los 18 jueces que fueron presentados en ese momento ya tienen trabajo: investigar las matanzas de la provincia congoleña de Ituri.

La posibilidad de juzgar crímenes contra la humanidad dejó de ser una entelequia cuando nació la Corte Penal Internacional en Julio de 2002. A partir de ese momento, se podrán juzgar crímenes que son “los más graves”, según el premio Nobel de la Paz y ex presidente de EEUU, Jimmy Carter. Pero no serán los crímenes que cometan los compatriotas de Carter aquellos que puedan ser juzgados por la CPI. La razón es sencilla: la actual administración de EE.UU. no ha ratificado el estatuto de entrada en vigor de la CPI. De hecho, sólo noventa países lo han ratificado, con lo que exponen a sus nacionales a las posibles acciones que pueda desempeñar sobre ellos la CPI. Los crímenes que sí podrán ser investigados son los 5.000 que se han cometido en Ituri desde que naciera la CPI hasta el pasado miércoles. En ese momento, las matanzas del último año en Ituri pasaron a formar parte del “caso más urgente a seguir”, según contaba Luis Moreno Ocampo, en un comunicado de prensa. De esta forma, aunque hay casi 500 denuncias recibidas en la CPI, las que aluden a la situación en la República Democrática del Congo (RDC) serán tratadas de un modo preferencial. Así lo exige la situación. Hasta la fecha, 4 misiones de la ONU han intentado estabilizar un conflicto que se alarga desde mayo de 1997. Se alarga y se agrava, pues como asegura el Director del Instituto Panafricano de Geopolítica, Mwayila Tshiyembe, en la RDC “la ausencia de cultura estatal, democrática, gubernamental, jurídica, y de gestión de las políticas públicas torna peligrosa la aventura que comienza”. La aventura a la que se refiere Mwayila Tshiyembe no es otra que la transición que vive el país africano desde que se sancionara la constitución en marzo de este pasado año. Una carta magna de unidad para un estado africano todavía dividido por dos guerras civiles, y en el que dos de los vicepresidentes que tomaron posesión de sus cargos el pasado jueves están en la lista de futuros procesados en el caso que investiga la CPI.