PLATAFORMA ÚNICA
Prisa presentará un recurso contra las condiciones a la fusión digital
Por Arantxa Orusco
2 min
Comunicación14-12-2002
El grupo de comunicación Prisa, encabezado por el señor Polanco, planteará un recurso contencioso administrativo por considerar que las 34 condiciones impuestas por el Gobierno para aprobar la fusión de las plataformas condiciona en gran parte los intereses del grupo.
El pasado 29 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó la polémica unión de Vía Digital y Canal Satélite Digital que tantos intereses han suscitado desde que ambos mandatarios de las empresas digitales, César Alierta y Polanco, pactaran y acordaran tal decisión. Polanco no pretende ahora retrasar o impedir la aprobada unión de las plataformas digitales por el Gobierno, formulado con una serie de condiciones, 34, que el Tribunal de la Defensa de la Competencia. Prisa se muestra reticente ante las condiciones formuladas, que fueron calificadas como duras y fundamentalmente constituyentes de la posible consolidación de un monopolio en el sector audiovisual. La iniciativa de Polanco de pleitear contra la decisión del Consejo de Ministros, tras examinar los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a través de un recurso contencioso administrativo, provocará más de una respuesta por parte del Gobierno, que explicaba la aceptación y aprobación de la fusión digital, entre la plataforma digital de Sogecable y de Telefónica porque "garantiza los intereses de los ciudadanos y de la economía española", según Rodrigo Rato, ministro de Economía. Matías Cortés, abogado y amigo de Jesús de Polanco y miembro del grupo Prisa, será el encargado de coordinar los trabajos en torno a la presentación de dicho recurso. Para ello, Cortés contará también con un conocido bufete de abogados madrileño que examinará la legislación española al respecto, analizará los puntos recurribles de la decisión del Gobierno, la jurisprudencia de la que disponen, etc. El recurso tomará como base otros parecidos que en el pasado se plantearon contra decisiones administrativas en el terreno de las telecomunicaciones como el conocido caso Airtel, en el que la empresa tuvo que pagar una prima de 85.000 millones de pesetas por la adjudicación de una licencia de telefonía celular, que fue recurrida y ganada.