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La Mesa de Arkaute se reúne de urgencia para afrontar la inseguridad de los concejales vascos

Por Ana María RiazaTiempo de lectura2 min
España03-10-2002

Tachan al Gobierno central de "fascista", pero defienden la lucha por las armas así como la más extrema violencia. Señalan la ilegitimidad de unos actos que los condenan, pero no se dan cuenta de su propia e intrínseca condición de verdugos. El pasado fin de semana, ETA atentaba nuevamente contra la integridad de la moral liberal en Euskadi a través de uno de sus comunicados dirigidos a la realidad mediática vasca.

Era a través de un comunicado que ETA anunciaba el pasado sábado su decisión de convertir en "objetivo militar" sedes y concejales del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) a lo largo y ancho de la geografía española. De esta manera, ETA planta ahora cara a aquellos que, en su día, abogaran por la ya efectiva Ley de Partidos Políticos, capaz de borrar del mapa político vasco a la formación independentista Batasuna, considerada el brazo político de ETA. Ante esta reacción, la Mesa de Seguridad vasca se reunía de urgencia el pasado miércoles, para intentar reforzar la actual situación de concejales y sedes socialistas y populares. De este modo, el consejero vasco de Interior, Javier Balza, anunciaba en Vitoria una ola inmediata de acción, promovida por la Ertzaintza -el cuerpo de seguridad vasco-, en cooperación con Madrid, que, horas después, reunía a diversos cargos del Pacto Antiterrorista, a fin de plantar cara a la nueva ofensiva de ETA. Por su parte, el plan de seguridad tendrá un carácter individualizado para cada una de las sedes y actos oficiales que conforman el panorama político actual de los dos partidos amenazados por la banda. De este modo, se inicia en el País Vasco un inminente y pormenorizado estudio de las características de cada una de las 93 sedes oficiales que hay en Euskadi, y que será llevado a cabo por la Ertzaintza en las próximas semanas. Sólo de esta manera se incrementará el nivel de protección material de las sedes, tal y como ya se acordara en la reunión que los miembros de la Mesa de Arkaute (que por aquel entonces aún contaba con la presencia del PP) mantuvieron el pasado mes de julio. Asimismo, se creará una partida de hasta noventa mil euros por sede o inmueble atacado, como fondo de financiación de los posibles desperfectos. En lo que se refiere al reparto de responsabilidad económica, el Gobierno ha sugerido ya la posibilidad de que el Ejecutivo vasco corra con la mayor parte de los gastos de financiación en lo que a la protección de los concejales vascos atañe, ya que será el Ministerio del Interior el que deba hacerlo con el resto de sedes de toda España. En la actualidad, el Gobierno central y el vasco se reparten la financiación de la seguridad de los concejales vascos al 50 por ciento.