Los miembros del Pacto Antiterrorista preparan su propia respuesta contra las amenazas de ETA

Por Ana María Riaza3 min

España04-10-2002

Con una declaración pública, aunque no conjunta, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) hacían patente el pasado jueves su decisión de que las disposiciones del Pacto Antiterrorista no actúen únicamente contra ETA, si no también contra la "política rupturista" del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Así se manifestaban, al término de la reunión celebrada por los miembros del Pacto Antiterrorista en Madrid, los diferentes dirigentes de PP y PSOE, refiriéndose, tanto al comunicado que la banda armada ETA enviaba a los distintos medios de comunicación vascos anunciando su decisión de atentar contra concejales de PP y PSOE, sino también a la recién inaugurada política soberanista del lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe. El plenario, que dio cabida a diferentes mandatarios del Gobierno del PP -entre los que se contaron el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, o los portavoces populares en el Congreso, Senado y Parlamento vascos-, así como del PSOE -como su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, o el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, entre otros-, se inició con informe de urgencia redactado por el, también asistente, ministro del Interior, Ángel Acebes, en relación a la lucha contra ETA. El informe, que abordaba la ofensiva institucional que el Pacto Antiterrorista llevará a cabo durante los próximos meses en la Unión Europea, puso sobre la mesa las inmediatas reformas legales que llevarán a reforzar la seguridad de las sedes y los concejales amenazados por ETA, y que, tan sólo un día después, eran registradas en el Congreso como una proposición de ley, de modo que puedan unirse a ella todas las formaciones políticas que así lo deseen. De este modo, y gracias a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley Electoral, el Gobierno podrá disolver de ahora en adelante los órganos que, a nivel local, lleven a cabo manifestaciones de apoyo expreso a organizaciones terroristas. La reforma de la Ley de Fuerzas de Seguridad, por su parte, autorizará a los Cuerpos de Policía Local y Autonómica a ejercer de escoltas fuera de sus esferas territoriales, previa autorización del Ministerio del Interior. Mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se reforzarán las garantías de protección de datos en los diferentes registros y censos autonómicos. Con la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos se prohibirá la financiación de aquellas formaciones que justifiquen la violencia, así como de aquellas en cuyo seno surjan nombres que en algún momento hayan sido condenados por mera apología del terrorismo. Asimismo, se autorizará para que, al agotarse una lista municipal, las vacantes puedan ser cubiertas por representantes electos por la diputación o el órgano competente. Finalmente, se variarán diversos artículos del Código Penal para que estos tipifiquen como delito la conducta de aquellos que impidan el acceso de los concejales a los plenos, además de la instauración de penas de entre seis meses y un año para aquellos que injurien o coaccionen en nombre de una banda armada a miembros de corporaciones locales. En lo que a las medidas materiales se refiere, de ahora en adelante los Presupuestos del Estado incluirán una asignación anual destinada a cubrir los gastos en seguridad invertidos por los partidos amenazados por ETA. Este fondo público, que podría rozar los tres millones de euros e incluiría el reforzamiento de la vigilancia en las sedes y actos públicos de ambos partidos, será igualmente reconocido a través de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Por su parte, Ángel Acebes ha anunciado ya su intención de coordinar el proyecto con el consejero vasco de Interior, Javier Balza, ya que será la Ertzaintza la que mayor competencia tenga a la hora de regular la seguridad política en el País Vasco.