ESTADOS UNIDOS

EE.UU. adopta medidas ilegales contra Al Qaeda

Por Ángela González Rodríguez2 min

Internacional31-08-2002

Tras el 11 de septiembre fueron detenidas más de 1.200 personas. La mayor parte ha sido enviada a sus países de origen, puestas en libertad o formalmente procesadas por algún delito.

En junio, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó de que los detenidos (sin contar los de Guantánamo -Cuba-, considerados "combatientes enemigos", pero no prisioneros de guerra) eran 147, de los cuales 74 eran acusados de faltas administrativas relacionadas con las leyes sobre inmigración. No obstante hasta hace unos días, tanto el presidente, George W. Bush, como el fiscal general, John Ashcroft, se habían negado a revelar la identidad de los detenidos extranjeros argumentando que esto dificultaría la "guerra contra el terrorismo" declarada por la Casa Blanca. Sin embargo, la juez Gladys Kessler, del distrito de Washington, ha dictaminado que el anonimato forzoso es contrario a las leyes estadounidenses, ya que implica ocultar información al Congreso y a los ciudadanos. Kessler dio al Gobierno un plazo de 15 días para que publique una lista completa con los nombres de todos los detenidos. Jamie Fellner, directora del Programa EE.UU. de la asociación pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), ha declarado que "el Gobierno no ha preservado los valores que el presidente George W. Bush ha dicho que habían sido atacados el 11 de septiembre", ya que "con su restricción del control judicial y el impedimento del escrutinio público, el Gobierno ha ejercido un poder sin riendas sobre las personas que ha detenido". La juez Kessler ha dado la razón a HRW y a las organizaciones defensoras de las libertades civiles que interpusieron una demanda contra el Gobierno, y ha desestimado las alegaciones del Departamento de Justicia, centradas en la necesidad de mantener en secreto los nombres para no ofrecer a Al Qaeda indicaciones sobre qué información podían estar obteniendo, a través de interrogatorios, el FBI y la CIA. No obstante, Kessler aceptó algunas de las peticiones de los abogados gubernamentales como la de respetar el secreto sobre los centros en que están internados los detenidos, para evitar que posibles colaboradores en el exterior intenten liberarles, así como la de mantener el anonimato de quienes sean testigos de cargo en una investigación en curso y de quienes prefieran que no se divulgue su nombre.