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CASO BÁRCENAS

Bárcenas defraudó 1,5 millones durante 2002 y 2003

Por Ana Pascual AsesTiempo de lectura3 min
España13-06-2013

La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, por el que se ha llegado a la conclusión de que el ex tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, no declararon a Hacienda 1.577.366,6 euros porque dejaron de abonar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Patrimonio en los años 2002 y 2003, según ha indicado el informe. Sin embargo, el IRPF que presentaron de forma conjunta les salió a devolver por una cantidad de total 21.796 euros.

El informe de la Agencia tributaria consta de 48 páginas en las que se han analizado las incidencias en las obligaciones fiscales del matrimonio de los ingresos en efectivo, dividendos y bonos de las cuentas bancarias en Suiza del ex tesorero, así como las de las sociedades Tesedul y Granda Global, a las que Bárcenas y su testaferro, Iván Yáñez, están vinculados. Las cantidades que no declararon a Hacienda en esos años han sido desglosadas en el texto, y son 551.652,39 euros de la declaración de la renta del matrimonio en 2002, y de ese mismo impuesto 862.236,05 en 2003, además de 79.742,87 euros del Impuesto del Patrimonio y de los cuales pagó 2.000 en 2002, y 143.478,16 euros en 2003. En informe ha concluido con que Bárcenas y su mujer dejaron de pagar 551.652,39 euros de IRPF en 2002, año en el que Hacienda les devolvió 7.586, y 862.236,05 euros defraudados en 2003, ejercicio que también les salió a devolver por 14.209,74 euros. En el Impuesto sobre el Patrimonio de 2002 no supone delito, ya que la responsabilidad penal se sitúa en os 120.000 euros, pero al año siguiente la defraudación si se considera delictiva según los expertos de Hacienda. En cuanto al mismo impuesto de Rosalía Iglesias, presentado independientemente, la Agencia Tributaria no ha encontrado irregularidades, no existen “diferencias significativas” entre los saldos de sus cuentas y los que declaró. Bárcenas tuvo una “ganancia patrimonial no justificada” que ascendió a 973.586 euros en 2002, en relación con el dinero recibido de la trama ‘Gürtel’, y de 1.804.500 euros en 2003, durante este ejercicio Bárcenas declaró un total de 1.312.500 euros que justificó como “negocios inmobiliarios y ventas de obras de arte”, y otros 492.000 euros que aparecen en la contabilidad B de la red corrupta de Francisco Correa, y por la que recibió un total de 981.000 según los documentos incautados al contable de la red, José Luis Izquierdo. Los ejercicios han sido investigados por Hacienda a petición del juez de la Audiencia Nacional. Hacienda ha obtenido los datos a través de cálculos en los que se han sumado los ingresos procedentes de la trama corrupta y los ingresos en efectivo de las cuentas que posee Bárcenas en Suiza, desvelados en la última comisión rogatoria. Sin embargo, la cifra real de fraude podría ser mayor, ya que existen cuentas suizas del ex tesorero que aún no han proporcionado datos. Las cuotas defraudadas del IPRF y la de Patrimonio suponen un delito fiscal, por ello, el juez ha trasladado el informe al Ministerio Fiscal para que desde el punto de vista penal se determinen si los posibles delitos fiscales detectados habrían prescrito. Ruz interrogará a Bárcenas y a su esposa el 27 de junio por el contrato de mediación firmado en Madrid en 2004, elaborado para “inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa respecto al delito fiscal”. Por su parte, el pasado 10 de junio el PP aseguró que estaba dispuesto a “colaborar” con el juez de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre la supuesta contabilidad B, enviándole toda la documentación que ha demandado, así como la información relativa a los gastos de representación del partido entre 2004 y 2012. En marzo de este mismo año el juez Ruz ya reclamó al PP que le entregara su contabilidad entre los ejercicios 1900 y 2011, pero el partido sólo envió los datos de sus cuentas desde el año 1995, justificando que no dispone de las anteriores. Ese mismo día de junio el magistrado imputó de falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales (por el que ya estaba imputado) al ex tesorero y a su mujer, debido a la simulación de la venta ficticia de cuatro cuadros por los que el matrimonio blanqueó casi medio millón de euros.