UNIÓN EUROPEA

La soberanía y la Constitución causan división en los líderes europeos

Por Pablo Fernández1 min

Internacional02-03-2002

Uno de los asuntos más polémicos de la Convención fue la creación de una Constitución Europea. El presidente de la Asamblea, el francés Valery Giscard d’Estaing, y el de la Comisión, el italiano Romano Prodi, fueron los principales defensores de una Carta que rija sobre el viejo continente.

Giscard trató de convencer a sus interlocutores y marcó el camino para avanzar en su idea: “Si lográramos un amplio consenso sobre una propuesta única, abriríamos la puerta a una Constitución para Europa”. Más contundente fue Romano Prodi, que se mostró convencido de la necesidad “de una Constitución que marque el nacimiento de la Europa política”. El presidente de turno de la Unión, José María Aznar, también confirmó su preferencia por lo que él llamó “constitucionalización” de la UE, aunque añadió que esta debe ser siempre respetuosa con las legislaciones de los diferentes estados. La matización es muy importante para no molestar a Reino Unido ni a los países nórdicos, que no quieren en absoluto seguir estas teorías. Las preguntas sobre quién ejercerá el poder de la Unión y sobre si los miembros de la UE deben ceder toda su soberanía a un poder centralizado también fueron planteadas. Los británicos lo tienen muy claro: deben ser los Estados miembros los que tengan la última palabra en todas las decisiones relacionadas con la Unión. Alemania e Italia mantuvieron tesis similares. Los más poderosos quieren mandar en el grupo europeo. No opina lo mismo, ni mucho menos, Romano Prodi. El presidente de la Comisión aseguró que la Unión Europea “no puede edificarse sobre la ley que marquen unos pocos porque sean más grandes, más fuertes o más antiguos del club”. La discusión quedó en el aire porque el propio Prodi evitó conflictos al asegurar que el objetivo “no es crear un superestado”. Lo que es cierto es que parece que las tesis de Londres, Berlín y Roma comienzan a imponerse ya que el líder de la Comisión acabó diciendo que “misiones y competencias que hoy corresponden a la Unión pueden y deben reconsiderarse y devolverse a los estados miembros”.