POLÍTICA

ANV Y PCTV fueron ilegalizadas tras permitir que acudieran a las urnas

Por Elena Gómez2 min

España05-10-2008

La ilegalización de ANV y PCTV fue la confirmación del cambio de rumbo emprendido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista con vistas a su segunda legislatura. El líder del Ejecutivo, viendo confirmado el fracaso de su proceso de paz, se lanzó a la disolución definitiva de dos formaciones a las que en su día sí permitió acudir a las urnas.

Fue el pasado mes de enero, en los albores de la campaña electoral, cuando los servicios jurídicos del Estado iniciaron el proceso de ilegalización definitiva de ANV y PCTV. La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron sendas demandas ante el Tribunal Supremo al entender que las dos formaciones eran continuadoras de Batasuna. De este modo, se cambiaba radicalmente la estrategia desplegada un año antes. Con motivo de las elecciones municipales de mayo de 2007 tanto la Fiscalía como la Abogacía optaron tan solo por impugnar parte de las listas de este partido pero sin evitar que se presentase a los comicios. En el caso del PCTV dos años antes, tampoco se hallaron pruebas para la ilegalización. La diferencia, según alegaron, es que tras la ruptura de la tregua por parte de ETA, ambas formaciones se habían supeditado a los intereses de los terroristas y su brazo político Batasuna. La demanda además iba acompañada de la petición de suspensión cautelar de toda clase de actividades como partido político a la mayor brevedad, y a ser posible, antes del 11 de febrero, fecha de proclamación de candidaturas para las elecciones del 9 de marzo. Desde la oposición acusaron al Gobierno de haber tomado esa decisión con fines partidistas y le reprocharon no haber instado a la ilegalización antes. Han bastado cerca de 8 meses para que las formaciones políticas vascas, a las cuales se les atribuía una estrecha participación con la banda terrorista ETA, fueran ilegalizadas por el Tribunal Supremo, quién resolvió que tanto ANV como el PCTV, eran partidos ilegales, en virtud de la aplicación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En el primer caso, la decisión afectaba a la vida municipal, donde ANV tiene a unos 400 concejales, mientras que en el caso del PCTV la consecuencia inmediata será la disolución del grupo parlamentario en la Cámara de Vitoria, aunque los cargos electos de uno y otro partido mantendrán sus cargos disolviéndose tan solo de la marca. Además, la Sala del 61 del TS consideró las múltiples conexiones económicas entre las dos formaciones. Como ocurría en el caso de ANV, no era necesario probar la existencia de una “caja única”, pues los numerosos movimientos contables y facturas en las que se confundían ambos partidos bastó para que se mostrara con absoluta claridad el entramado financiero. Por ello, la lucha que mantiene el Gobierno es la referente a la eliminación de ANV en los distintos ayuntamientos españoles. Sobre este tema se barajó la posibilidad de que la Abogacía del Estado elaborara un informe sobre la posibilidad de disolver las corporaciones gobernadas por ANV mediante la aplicación del artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, la misma que se aplicó en el Consistorio de Marbella tras el caso Malaya.