FRANCIA
Sarkozy, obligado a revisar su política de inmigración por las protestas
Por Iara Mantiñán
2 min
Internacional27-04-2008
Viven en Francia, muchos tienen familia, trabajan igual o más que cualquiera de nacionalidad francesa pero su situación es ilegal. Son los llamados inmigrantes sin papeles, este tipo trabajadores sólo acaban obteniendo esos permisos cuando la presión es fuerte, cosa que ocurrió el pasado miércoles: la huelga de sólo unos 600 empleados había paralizado los suficientes restaurantes y servicios como para que una organización patronal de restaurantes, alarmada, solicitara la regularización. A esos, Sarkozy sí los escuchó.
“No habrá regularizaciones masivas. No podemos explicarles a los franceses que la situación es tan horrible que nos vemos obligados a recurrir a trabajadores en situación irregular cuando hay un 22 por ciento de desempleo entre los extranjeros con papeles que hay en Francia. La regularización global lleva a la catástrofe. España e Italia lo han hecho y han decidido no hacerlo más, porque crea un efecto llamada que aprovechan los traficantes". Esta es la solución de Nicolas Sarkozy ante el paro de los sin papeles que sacudió Francia la pasada semana. El Gobierno francés, entre cuyas prioridades figura la lucha contra la inmigración ilegal y que tiene una Cartera específica de Inmigración, se dispone ahora a iniciar un proceso de legalización de trabajadores en situación irregular cuya amplitud, por el momento, es una incógnita. Para empezar, el ministro de Identidad Nacional e Inmigración, Brice Hortefeux, se comprometió a estudiar la regularización de los 600 trabajadores, caso por caso. La mayoría proviene del sector de la restauración, que lleva una semana en huelga para denunciar su situación y la de cientos de miles de personas que trabajan, y en muchos casos pagan sus impuestos y cotizan a la Seguridad Social, pero que pueden ser deportados en cualquier momento. Como respuesta a esta situación, Brice Hortefeux cuestionó las cifras que estos últimos días han dado responsables patronales de 50.000 o incluso 100.000 sin papeles que estarían trabajando en Francia: “No creo que correspondan a la realidad”, dijo. Añadió que “algunos patronos, afortunadamente no la mayoría, optaron un tiempo por la facilidad al contratar clandestinos porque no tenían derechos sindicales ni salario mínimo. A otros los engañaron. Pero eso ya no es posible” por la reglamentación que él puso en marcha desde julio del pasado año. Para solucionar el caso Hortefeux dice que se acogerá a la legislación votada en 2007. Y, efectivamente, esa ley prevé la posibilidad excepcional de regularizar a trabajadores en sectores que sean juzgados como deficitarios en mano de obra. Se trata de dos textos particularmente hipócritas, puesto que, por su ambigüedad, equivalen a reconocer que sectores enteros de la economía francesa funcionan, normalmente, a diario, con trabajadores privados de papeles de residencia. En 2004, Rodríguez Zapatero se propuso dar papeles a todos los inmigrantes para que ninguno de ellos estuviera en una situación ilegal. Esta reforma estuvo criticada por los gobiernos de Francia y Alemania. En una entrevista publicada recientemente por el diario El País, Zapatero afirmaba que hay “en torno a 250.000” inmigrantes irregulares en España y ante la pregunta de “¿qué piensa hacer con ellos?”, respondía: “en la medida en que podamos, repatriar. En cuanto tenemos un inmigrante ilegal, lo repatriamos”. Quizá, pero ¿a partir de cuántos miles es "masiva" una regularización? Esta es la cuerda floja en la que se mueven Hortefeux y Sarkozy.





