¬CIBERCRIMEN¬
La I Convención Internacional contra el ‘cibercrimen’ recibe el apoyo de 30 países
Por Elena Villegas
1 min
Comunicación26-11-2001
El vacío jurídico en el ámbito de Internet está más próximo de resolverse gracias al documento firmado por los 30 países congregados en la I Convención Internacional contra el cibercrimen los pasados días 24 y 25 en Budapest.
Treinta países firmaron el documento presentado en la I Convención Internacional contra el cibercrimen los días 24 y 25 de noviembre en Budapest. El texto pretende acabar con las lagunas legales en el Derecho Internacional respecto a Internet y a las nuevas tecnologías. Pese a que es un gran avance, sigue suscitando controversias, sobre todo en lo referente al archivo de datos por parte de los proveedores de servicios, a lo que estos se opusieron en rotundo. El salvoconducto definitivo, que ha tardado cuatro años en expedirse, incluye esta medida, pero sólo contra quienes ataquen sistemas informáticos o delincan a través de la Red. Peter Csonka, administrador principal de la Dirección General Jurídica del Consejo de Europa, aseguró, el pasado mes de marzo, en Cataluña, que una de las funciones esenciales de la Convención sería permitir que las fuerzas de seguridad de cada uno de los estados participantes actúen contra las redes “ciberterroristas” que en ellos operen. La Convención afecta también a Napster, sobre el cual Conska afirmó que, aunque no es ilegal, “no será tolerado”. Entre las 30 naciones –de las 43 anunciadas- que han firmado el acuerdo, se encuentran los países-miembro de la Unión Europea –excepto Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca-, Estados Unidos, Canadá, Japón y Suráfrica. El vacío legal existente hasta ahora amparaba a delincuentes de todo tipo; desde aquellos que utilizan Internet para conseguir números de tarjeta de crédito hasta los pedófilos que, en ella, se esconden. Un ejemplo de esta situación es que el año pasado, en Filipinas, se retrasó la detención de los creadores del famoso virus del amor mientras la Fiscalía examinaba las leyes que podrían ser aplicadas.