Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

CANARIAS

La corrupción salpica de nuevo al PP canario

Por Mía MartínezTiempo de lectura3 min
España03-03-2006

Un nuevo caso de corrupción ha salpicado al Partido Popular, a la política española y, en concreto, a los responsables de las Islas Canarias.

La Policía ha arrestado en la isla de Gran Canaria a seis personas, entre ellas la concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde, la popular María Antonia Torres González, acusada de corrupción por exigir comisiones a empresarios locales con el fin de obtener adjudicaciones de obras y servicios. Entre los otros detenidos se encontraban el interventor municipal y esposo de la concejala, Enrique Orts, su asesor en la Concejalía, Francisco Gordillo Suárez, y tres empresarios más. El Partido Popular tomó una firme decisión después de conocer los incidentes, suspendiendo a la edil arrestada de su cargo y de la militancia en el partido. De hecho, el alcalde de Telde, Jorge Valido decidió asumir él mismo las funciones de Torres González. La operación que ha permitido descubrir el entramado, denominada Faisán, comenzó en julio de 2005 tras la denuncia interpuesta por un empresario que acusó a la concejala retenida de pedirle el pago de una comisión del 20 por ciento del presupuesto total de una obra que se encontraba en concurso público. Durante los meses de investigación, los expertos descubrieron más irregularidades relacionadas con Torres González y con su equipo, que podría conllevar delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafa. Los tres empresarios arrestados son Antonio Nadal Moreno, responsable en Gran Canaria de la empresa Cobra, Juan Francisco Gordillo Chamorro, también trabajador de Cobra y Felipe Ojeda Pérez, jefe de la compañía Felipe y Nicolás Ojeda Pérez. Las sospechas apuntan que estas dos empresas podrían haberse visto favorecidas en la obtención de contratos millonarios por el consistorio de Telde, a cambio de un porcentaje de las ganancias que iría a parar a manos de dicho consistorio. Para desarrollar la detención, varios agentes de Madrid fueron trasladados a la isla de Gran Canaria. La investigación ha pasado a ser responsabilidad del Juzgado de Instrucción número 5 de Telde. El presidente de los populares canarios, José Miguel Soria, afirmó estar ”sorprendido” por las detenciones. Y es que este es el segundo caso de corrupción en pocos días en el que se ven implicados altos cargos del PP canarios. En este sentido, el pasado 14 de febrero, Celso Perdomo, ex director general de Industria y Comercio del Gobierno insular, y Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y novia del anterior, fueron encarcelados acusados de cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias por irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público para la instalación de un parque eólico. Una comisión de investigación depurará responsabilidades La moda de las comisiones de investigación sigue su curso imparable en España. El alcalde de Telde aseguró que se pondrá en marcha una comisión de investigación en el ayuntamiento para depurar posibles responsabilidades políticas. El primer edil, que se limitó a leer una declaración institucional tras lo sucedido, ha prohibido la salida de cualquier tipo de documentos de las dependencias municipales del municipio. Además, la presidenta del Partido Popular de Telde y concejala de Desarrollo Local, Mari Carmen Castellano, afirmó que su formación política “ha luchado y seguirá luchando contra la corrupción”, a la vez que aseguró que es ”rotundamente falso” que tenga conocimiento de contactos entre empresarios y el Ayuntamiento de Telde. Tras lo sucedido, las repercusiones políticas se reflejaron en la política central cuando el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, exigió explicaciones al presidente del PP, Mariano Rajoy, “por los casos de corrupción que están salpicando a su partido en Canarias”. Además, señaló que “es urgente que el presidente del PP asuma la gravedad de estos comportamientos, los censure públicamente y adopte las medidas disciplinarias que exigen hechos como éste”.