ANÁLISIS DE CULTURA
Hecha la ley, hecha la trampa
Por Marta G. Bruno
2 min
Cultura28-11-2012
Artur Mas juega con fuego. La política de recortes puede ser lógica en un contexto de vacío en las cuentas. Pero cuando se juega con la obsesión independentista, las consecuencias pueden ser desesperantes. No es nuevo que Cataluña haya tratado por todos los medios de desmarcarse en todas las áreas, emprender un viaje a lo Willy Fog para llenar el mundo de embajadas y evitar el castellano. Tanto que, por ejemplo, la Generalitat ha incrementado un 70 por ciento la subvención al cine catalán. 15 días antes de que se celebraran las elecciones, Mas aprobaba 671.000 euros para subvenciones, que se suman a los 950.000 aprobados a principios de año, ayudas “destinadas a aumentar los estrenos comerciales de largometrajes doblados o subtitulados en lengua catalana para el año 2012”. Y sí, después de haber solicitado más de 5.000 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y saber que cuenta con 13.600 millones de deuda a corto y largo plazo que vencen en 2013, por lo que el año que viene necesitará más ayuda de “papá Estado”. Son los puntos de la Ley del Cine de Cataluña, la misma que la Comisión Europea tachó el pasado mes de junio de discriminatoria con el cine europeo, que la Generalitat obligaba a doblar y subtitular en catalán. La obsesión de Artur Mas es cerrar el año con 1,5 millones de espectadores en catalán, aunque sólo vayan por el medio millón. La última barbarie, que financiamos todos, fue el documental Yankuba, visto por 282 espectadores en total, fracaso que no ha impedido que las dos productoras catalanas encargadas del trabajo se llevaran 90.000 euros en ayudas públicas que, insisto, pagamos todos los españoles. Es una de las perlas que se desprende del informe de subvenciones concedidas en el año 2012 para la amortización de largometrajes en el Boletín Oficial del Estado que asciende a la friolera de 34,5 millones de euros, que procede del Fondo para la Protección de la Cinematografía. Un sistema de financiación que compromete cantidades presupuestarias durante varios años desde que se estrena la película, y que se basa en el número de entradas que se vendan y en la victoria en los festivales, pero que cambiará el próximo año después de una tanda de negociaciones entre Gobierno y sector del cine que comienza el próximo cinco de diciembre. El Gobierno ya ha adelantado que tratará de poner en marcha una línea de ayudas automáticas que ya funciona en Francia, que se base en criterios objetivos. Porque ahora amañar los datos puede ser fácil: las cintas españolas reciben un 15 por ciento de la recaudación bruta con un tope de 400.000 euros, con ayuda suplementaria si alcanzan las 35.000 entradas vendidas. La treta viene con la posibilidad de declarar los datos que a uno le convengan o comprar entradas a lo loco para seguir recibiendo dinero Hecha la ley, hecha la trampa…por poco tiempo.
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Marta G. Bruno
Directora de Cultura de LaSemana.es
Licenciada en Periodismo
Estudio Ciencias Políticas
Trabajo en 13TV
Antes en Intereconomía TV, La Razón y Europa Press