Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

CARBURANTES

Los socialistas y los Consumidores Profesionales rechazan la nueva tasa sobre los hidrocarburos

Por Julia Almagro PadillaTiempo de lectura2 min
Economía01-12-2001

La tasa, que se aplicará sobre los carburantes a partir del próximo 1 de enero, ha provocado el descontento de la oposición y de los sectores profesionales que se verán más afectados (transportistas, agricultores, taxistas y otros colectivos).

La subida de cuatro pesetas por litro de combustible, según los consumidores profesionales de carburantes, les supondrá unos gastos adicionales de entre 90.000 y 125.000 millones de pesetas. Fernando Moraleda, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), cifró las pérdidas para el sector agrario entre 15.000 y 28.000 millones de pesetas. Los consumidores profesionales se sienten traicionados por el Gobierno, ya que en octubre del pasado año acordaron frenar el impacto de la subida de combustibles y mantener la fiscalidad en los carburantes. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prevé que el impuesto sobre los combustibles tendrá consecuencias inflacionistas. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, reconoció que la consecuencia sería de un incremento de dos décimas en la inflación, pero también indicó que éste era el mejor momento para gravar los hidrocarburos, ya que han bajado el Índice de Precios de Consumo (IPC) y los precios del petróleo. Otro de los motivos por los que el PSOE y los sectores que más gasolina consumen protestan, es que el nuevo impuesto se ha aprobado como enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del 2002, en el Senado. Puntualizan que la nueva tasa debía haber supuesto la creación de una nueva ley y, por lo tanto, tenía que haber sido discutida y aprobada en el Congreso. El portavoz de economía del PSOE, Jordi Sevilla, anunció que su partido presentaría un recurso de inconstitucionalidad y calificó la aprobación del nuevo impuesto como "fraude de ley". Además, criticó la gestión de la Sanidad por parte del Gobierno, ya que no entendía que una buena gestión se saldara con la creación del nuevo impuesto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contestó a Sevilla que el Senado sí que tenía la competencia necesaria para aprobar el susodicho impuesto, ya que es una cámara legislativa.

Fotografía de Julia Almagro Padilla