Esta modificación de la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), presentada este viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno, permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos para obtener capital, similares a las acciones, por un valor no superior al 50% de su patrimonio.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal las acciones que el Gobierno portugués ejerció para vetar la propuesta de Telefónica para hacerse con la participación que Portugal Telecom tiene en el operador brasileño Vivo, al constituir “una restricción no justada a la libre circulación de capitales”.
La norma instaurada desde este miércoles otorgará un plazo máximo de 30 días para que las administraciones públicas paguen a sus proveedores. Las sociedades tendrán un límite de 60 días para hacer sus pagos. Los sectores de construcción, alimentos y editoriales tendrán plazos diferentes.
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