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LUCHA CONTRA ETA

Doce años de prisión para el terrorista ¬Santi Potros¬

Por Cristóbal CabezasTiempo de lectura1 min
España25-05-2003

En su sentencia, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena también a Santi Potros a indemnizar con 180.303 euros al propietario del concesionario Citroën que resultó gravemente dañado en el atentado cometido con un coche bomba en diciembre de 1986, así como a las cuatro personas heridas y a los propietarios de los 156 vehículos e inmuebles que también resultaron afectados por la explosión con una cantidad que supera los 35.000 euros.

Según el relato de hechos probados, en 1986, Arrospide Sarasola dirigía en Francia los comandos operativos de ETA y era el encargado de "proveer a los mismos de los medios e infraestructuras necesarias para que realizaran las acciones que previamente él mismo les marcaba". Así, en ese año, encomendó a los miembros del comando Barcelona que atentaran contra intereses económicos franceses en la Ciudad Condal y "a tal fin les proveía de automóviles y explosivos, que les hacía llegar por medio de terceras personas también integradas en la organización". Para acreditar la participación de Santi Potros, condenado por estos hechos como autor por inducción y cooperación necesaria de un delito de estragos y cuatro de lesiones, ha sido fundamental la declaración policial y judicial que prestó la integrante del comando Barcelona Josefa Mercedes Ernaga, quien indicó que el ex dirigente etarra era el responsable directo de su grupo. Esta fue una semana de detenciones y juicios contra etarras. La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de cárcel a cada uno de los tres integrantes del grupo Ekaitza de ETA Francisco Javier Ruiz, Alberto Viedma y Miguel Javier Ayensa como autores del asesinato a tiros del concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de Pamplona Tomás Caballero, en mayo de 1998. Asimismo, el abogado vasco Unai Errea, defensor habitual de miembros de ETA detenidos en Francia, fue arrestado en París, acusado de haber transmitido "documentos militantes" a uno de los etarras condenados en la prisión parisiense de La Santé.