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DELINCUENCIA E INMIGRACIÓN

La criminalidad aumentó un 5 por ciento entre enero y agosto

Por Noelia Hernández MartínTiempo de lectura2 min
España14-11-2002

Una anciana asesinada tras los golpes que le propinaron tres hombres que allanaron su vivienda en Murcia; más de una docena de inmigrantes ilegales en huelga de hambre, entre ellos un bebé de ocho meses; seis magrebíes detenidos en el remolque de un camión en Algeciras. Hechos como los de la semana pasada se repiten a diario en las calles y puertos españoles. La delincuencia y la inmigración se han convertido, después del terrorismo, en los problemas que más preocupan al Gobierno y a la sociedad españoles.

Los datos también reflejan esta realidad. Según el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP) del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la criminalidad en España aumentó un 5,1 por ciento en los ocho primeros meses del año en relación al periodo enero-agosto de 2001. El estudio indica que "todavía estamos en una línea de tendencia marcada por un fuerte e ininterrumpido crecimiento iniciado en noviembre de 2000", fecha desde la cual la criminalidad registrada por los servicios policiales ha aumentado en más de un 17 por ciento. La investigación no incluye el pasado mes de septiembre, cuando el Gobierno empezó a lanzar su plan antidelincuencia y, por tanto, tampoco indica si ha funcionado y cómo. Los que sí han sacado conclusiones sobre este plan han sido los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales que se reunieron para debatir las reformas legales que plantea el Gobierno. Según las Asociación de Fiscales, los juicios rápidos, aprobados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son fundamentales porque en este momento la pequeña delincuencia no tiene una respuesta adecuada. Las diferentes asociaciones de jueces y fiscales también debatieron sobre el endurecimiento de penas que el Gobierno plantea y la expulsión de extranjeros condenados por delitos menores. La inmigración también tiene cabida en este plan contra la delincuencia. Tanto si son delincuentes como si son sólo inmigrantes en situación irregular, traen de cabeza al Gobierno. Las relaciones de España con Ecuador y Argentina están empeorando debido al flujo de inmigrantes procedentes de estos países. Cada día desembarcan en el aeropuerto de Barajas 250 ecuatorianos, y cada día son expulsados por la misma vía 40. Esta avalancha ha llevado al Ejecutivo español a plantearse que la Unión Europea (EU) exija visado a los ciudadanos de Ecuador. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas han recordado que según el convenio de regulación de flujos migratorios firmando por los Gobiernos de Madrid y Quito, el Ejecutivo español se comprometió a acoger cada año a 30.000 trabajadores. Pero en lo que va de 2002, sólo han sido cursadas 80 ofertas de empleo. Algo parecido ocurre con Argentina. La Casa de este país en Madrid ha presentado ante el Defensor del Pueblo una queja formal contra el Gobierno español por impedir la entrada y la regularización de ciudadanos argentinos, violando así el acuerdo sobre supresión de visados de entrada existente entre ambos países. Lo cierto es que el Gobierno se encuentra en una situación complicada. El número de inmigrantes empadronados en la Comunidad de Madrid aumenta sin cesar. Supone ya el 9,2 por ciento de la población total de la región. Hace sólo diez años, el porcentaje de inmigrantes en Madrid sólo representaba el 1 por ciento de los empadronados. Los inmigrantes, a diferencia de lo que ocurría hace años, han decidido empadronarse masivamente porque este acto administrativo les da derecho a sanidad y educación gratuita, aunque su situación sea irregular.