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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Congreso da luz verde a más medidas de seguridad para los ediles vascos

Por Ana María RiazaTiempo de lectura2 min
España30-10-2002

La conflictiva ronda de entrevistas iniciada por los miembros del Pacto Antiterrorista en Madrid -estos son el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE)-, hace apenas dos semanas, obtenía sus frutos el pasado martes, cuando el Congreso de los Diputados en pleno aprobaba las medidas pactadas por ambos partidos, y que incrementarán la seguridad de los concejales en el País Vasco y Navarra.

Sólo nueve abstenciones y ni un sólo voto en contra fue la respuesta que el Congreso de los Diputados dio la semana pasada a la propuesta sobre seguridad de los ediles vascos ofrecida por PP y PSOE al resto de partidos políticos. Se inicia así la tramitación del proyecto como una modificación por vía parlamentaria de un total de hasta seis leyes orgánicas, entre las que se incluirían el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Régimen Local. De este modo, y a espera de la tramitación por vía de urgencia de la proposición, calumnias e injurias con origen en el entorno de ETA quedarán identificadas, dentro del Código Penal, con la coacción política o ideológica. Además, será competencia del Consejo de Ministros la posibilidad de disolver, llegado el caso, aquellos ayuntamientos que de manera perseverante enaltezcan o justifiquen el terrorismo. Del mismo modo, los condenados por delitos de terrorismo, aun sin sentencia firme, no podrán presentar su candidatura en período de elecciones en lo que al panorama político vasco se refiere. Únicamente Esquerra Republicana (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA), manifestaban a través de la abstención su rechazo a algunas de las medidas planteadas por el texto de socialistas y populares. Claro que, mientras que para el nacionalismo catalán de Convergència i Unió (CiU) y ERC, la posibilidad de que el Consejo de Ministros tenga potestad para disolver ayuntamientos se manifiesta como una invasión en las competencias del Gobierno de Cataluña, tras la abstención del partido de Gobierno en el País Vasco, PNV y de su socio EA, se vislumbra parte de la estrategia destinada a la absorción de votos abertzales que iniciaron tras la suspensión de Batasuna, el que durante años se había considerado el brazo político de ETA.