TELECOMUNICACIONES
La UCO destapa la mayor estafa de telefonía móvil en España
Por Luis Artola
3 min
Comunicación29-06-2017
Después de tres años de investigación la UCO ha detenido a siete personas y seis empresas de telefonía móvil involucradas en una macroestafa millonaria a usuarios. Se estima que existe un millón de clientes defraudados en una estafa de 30 millones de euros. El fraude era realizado mediante aplicaciones anunciadas como gratuitas y que realizan llamadas o enviaban mensajes Premium al coste de 1,5 euros cada uno. El engaño a cada usuario era de unos 30 euros mensuales, cuantías que aseguraban la ausencia de denuncias.
Los servicios de telefonía móvil han protagonizado un fraude millonario en el que casi un millón de usuarios han resultado afectados en España. La estafa es considerada ya como una de las mayores en nuestro país en los últimos años. Las acusadas son varias compañías españolas, descubiertas por la Guardia Civil, y en las que engañaban a sus clientes a través de servicios de alertas y SMS Premium sin su conformidad.
La macroestafa supone un monto de 30 millones de euros y en ella participaban hasta seis empresas españolas. La trama ha sido desmantelada después de más de tres años de investigación por parte del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, indagación coordinada por el juzgado de instrucción número 5 de Mollet del Vallés, en Barcelona. La magnitud del fraude es tal, desconocida aún por muchos ciudadanos que, desde dicho organismo, según han confirmado los agentes policiales, se ha habilitado una página web para conocer si un usuario ha sido víctima de estafa para en ese caso realizar las reclamaciones oportunas.
En dicha web el cliente puede introducir su número de móvil y la operadora contratada para verificar si se ha cometido fraude. El inicio de la investigación se produjo al ser descubiertas por la Guardia Civil un gran número de llamadas telefónicas dirigidas específicamente a dos números de coste adicional poco habitual. Este hallazgo determinó la existencia de un "malware" o software malicioso desde el que se actuaba en el propio móvil de los clientes, instalación desconocida por los usuarios.
Este grupo especializado ha explicado esta mañana que la estafa se llevaba a cabo a través de dos aplicaciones. Éstas efectuaban llamadas automáticas a números de tarificación adicional con el prefijo 803 y enviaban SMS Premium con una elevada tarifa, respectivamente. Ambos servicios ocasionaron la emisión de hasta 21 millones de SMS. La descarga de las aplicaciones por los usuarios, anunciadas como gratuitas, se valía del nombre de otras similares y populares para atraer clientes. Estas "apps" conseguían apagar el sonido mientras se realizaba las llamadas, siempre durante la noche.
El coste de cada mensaje era de 1,5 euros y eran enviados hasta 25 en un mes, lo que suponía un engaño de unos 30 euros al mes a cada usuario, lo que la Guardia Civil denomina "microestafas de telecomunicaciones". Esta modalidad evitaba posibles denuncias dada la pequeña cuantía de la estafa a cada usuario.
La creación de varias sociedades ubicadas en diversos paraísos fiscales permitió a las compañías defraudadoras depositar el dinero obtenido del engaño a sus clientes. La operación de la UCO, denominada Rikati, ha llevado a la detención de siete personas que colaboraban con al menos seis empresas como Billy Mobile, promotora de la descarga de series y otros contenidos a través de la web SeriesYonkis. Esta compañía, dedicada a la difusión de publicidad, según fuentes de la investigación, se encuentra en el centro de la trama.
La investigación ha sido considerada desde los principales responsables del operativo, como el teniente coronel Juan Sotomayor, como "la más importante en años contra el fraude en telefonía móvil". Ésta fue iniciada en 2014 al ser recibidas denuncias, hasta 40,000 quejas así como de las grandes compañías operadoras como Telefónica, que se presentó como parte afectada inicialmente. La operación ha contado con la incautación de casi 1,000 aplicaciones y se han realizado al menos 11 registros. Al final del proceso judicial, si los acusados son declarados culpables, conllevarían penas de hasta seis años de cárcel.