Caso Bárcenas
El PP imputado por destrucción de pruebas informáticas
Por David Pastor
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España23-01-2016
El último capítulo de la trama de posible financiación irregular del Partido Popular, se producirá con la próxima comparecencia en el juzgado de los representantes legales de ese partido. Después de que la Audiencia de Madrid obligara a la jueza Collazos abrir la investigación, que archivó en su día sin practicar ninguna diligencia, la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa Freire, ha llamado al PP a presentarse el próximo 4 de febrero.
Un día antes declararán como testigos Luis Bárcenas, su exsecretaria, el jefe de seguridad y el abogado del partido de la calle Génova. También ha sido llamada Carmen Navarro, actual tesorera del partido y quien despidió a su predecesor. El tribunal de la Audiencia de Madrid dispuso en su día la apertura del caso, motivado por los indicios de la existencia de un delito de daños informáticos y encubrimiento. Será la primera ocasión que un partido político se presente en figura de imputado, después de la modificación del Código Penal propuesto por Alberto Ruíz Gallardón.
En cualquier caso, la Audiencia forzó la reapertura a petición de Izquierda Unida y UPyD. En 2013 estos partidos presentaron una querella contra el Partido Popular por el borrado de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en su época como tesorero. Esta acción se supo a raíz de la petición de información del juez Pablo Ruz, en relación a los papeles del extesorero del PP y la supuesta contabilidad B de este partido.
Por entonces los populares declararon haber borrado estos discos duros, después de que María Dolores de Cospedal afirmara al propio juez Ruz la pertenencia de esos discos por parte del Partido Popular. La versión oficial explicó haberlos reciclado para otro miembro del equipo de Rajoy, sin embargo, las posteriores investigaciones de la Policía confirmaron que los discos se removieron después del ingreso en prisión de Luis Bárcenas.
Los jueces del tribunal consideraron que la falta de investigación les impide disponer de información contrastada sobres aspectos relevantes que permitan determinar la posibilidad penal de los hechos investigados. Para la autoridad judicial, falta saber quién o quiénes pueden ser los responsables de la decisión de destruir los dispositivos de almacenamiento digital que corresponden a las computadoras de Bárcenas. Así mismo, hacen una diferenciación entre el delito de encubrimiento y delito encubierto, que entienden ha de ser investigado de forma paralela o separada.