Latinoamérica
La Asamblea de Venezuela se enfrenta con el Supremo
Por David Pastor
2 min
Internacional08-01-2016
Los primeros movimientos de la nueva Asamblea Nacional (AN) entran en conflicto con decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta institución, que la oposición considera cercana al Gobierno de Maduro, adoptó medidas cautelares contra cuatro diputados del estado de Amazonas, tres de ellos de la MUD, acusados de soborno. El pasado 7 de enero, el nuevo grupo mayoritario desoyó a la justicia y se presentó en el juramento del cargo con sus 112 diputados electos.
Otra batalla abierta en la primera semana de andadura de la AN es la anunciada Ley de Amnistía y Reconciliación, con la que se pretende corregir las decisiones de la justicia venezolana en relación a los políticos encarcelados. El grupo de la MUD no reconoce ninguna responsabilidad penal en dirigentes opositores como Leopoldo López o Antonio Ledezma, y los considera simples presos políticos. Lo que para la Asamblea es un acto de reconciliación, para que nadie pueda ser detenido por pensar diferente, para el poder judicial sería un acto que promovería la impunidad en el país.
La retirada de los cuadros del Libertador Simón Bolívar y de Hugo Chávez, por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha encendido a los simpatizantes chavistas y al PSUV. El líder opositor ya ha mostrado en sus primeras 72 horas en el cargo, la línea que marcará las acciones de la nueva AN. A la simbólica retirada de los lienzos y la desobediencia a la decisión del TSJ sobre la suspensión de los diputados del estado Amazonas, el nuevo presidente también ha sumado una declaración pública con el ánimo de remover a Nicolás Maduro en los próximos meses.
Estas formas parecen encajar con el sorprendente documento clasificado de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, redactado en abril del año 2006 y hecho público por Wikileaks. En dicho informe, el embajador William Brownfield, calificaba a Henry Ramos Allup de “grosero, abrasivo, arrogante y puntilloso”. Ante la decisión tomada en esas fechas para abstenerse en las siguientes elecciones presidenciales, se cuestionaba la estrategia del ahora presidente de la AN por “pedir ayuda a la comunidad internacional, en lugar de buscar los votos de los venezolanos”.
El documento también deja entrever el financiamiento estadounidense a la oposición venezolana, que “han explícita y repetidamente pedido fondos y favores de la embajada. Cuando un funcionario de la embajada lo rechaza, se lo piden a otro”. Estados Unidos, fundamentalmente a través de la USAID, ha estado financiando al partido Acción Democrática durante todos estos años, algo que la legislación venezolana prohíbe.
La perspectiva para las próximas semanas dibuja un escenario de confrontación institucional, con la hoja de ruta de la Asamblea Nacional en oposición al Gobierno de Maduro, y la capacidad que pueda tener el Tribunal de Justicia para anular las últimas decisiones del Parlamento. El pulso final estará en ver si desde la AN se encuentra la manera de expulsar a Nicolás Maduro de la presidencia, cuya legislatura no se agota hasta el año 2019. El propio presidente ha recomendado a la AN que convoque un referéndum revocatorio para que finalmente decida la gente.