JUSTICIA
La nueva justicia universal tampoco hace recular al juez Ruz
Por Sergio Castilla3 min
España23-05-2014
La nueva justicia universal sigue generando controversia. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, se ha negado a archivar la causa que sigue contra siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas, Carmelo Soria, el 14 de julio de 1976. En su auto, Ruz resuelve que se continuará con la investigación porque los militares fueron procesados por terrorismo, entre otros delitos, y la víctima era española, de forma que "se cumplirían los requisitos establecidos" por el legislador para que la Audiencia Nacional sea competente.
La reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en España o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Sin embargo, avala las investigaciones por terrorismo siempre que la víctima tuviera nacionalidad española. Sin embargo, el juez instructor, que también procesó a los miembros de la DINA por genocidio, asesinato y detención ilegal, considera que su competencia "debe extenderse al enjuiciamiento" de estos delitos por ser "conexos" al de terrorismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se opone a la petición de la Fiscalía de concluir el sumario y enviarlo a la Sala de lo Penal para que decida sobre su archivo y si procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma. Ruz argumenta que no puede declarar finalizado un sumario "mientras resten diligencias a practicar" y añade que, de acceder a la petición del Ministerio Público, "difícilmente podrían seguirse los trámites necesarios para el cumplimiento de una comisión rogatoria [...] y la posterior elevación de exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con las actuaciones archivadas". La decisión de Pablo Ruz supone una nueva sentencia polémica en torno a la reforma de la justicia universal, como la del juez Santiago Pedraz, quien, en un auto muy similar, decidió continuar con la investigación por el genocidio maya en Guatemala. Otros magistrados como Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez han hecho una aplicación estricta de la reforma para mostrar sus supuestas deficiencias, excarcelando a un total de 43 narcotraficantes capturados en aguas internacionales alegando la falta de jurisdicción de la justicia española. Ruz acuerda reiterar la comisión rogatoria que cursó a las autoridades de Chile en enero pasado para que le informen de si están investigando estos hechos. Una vez que tenga la respuesta, el magistrado "elevará exposición razonada al Tribunal Supremo para que se evalúe si existe disposición a actuar en relación con los hechos". El magistrado recuerda que la Corte Suprema de Justicia de Chile se negó en julio pasado a extraditar a los siete procesados por "la existencia de una investigación en desarrollo por parte de los tribunales chilenos". Mientras tanto, el Gobierno continúa apelando a la aplicación de la nueva ley por parte de los jueces. Una ley con diversas "deficiencias jurídicas", ya que "colisiona con tratados internacionales suscritos por España" y puede ser "inconstitucional por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas", tal y como afirmó, Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. En la causa con la que Ruz continuará, están procesados los militares Juan Guillermo Manuel Contreras, Guillermo Humberto Salinas, Jaime Pele, Pablo Belmar, Patricio Quilhot, José Remigio Rios y Muchael Vernon. Carmelo Soria trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en el CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y gozaba de inmunidad diplomática. Fue asesinado dentro del proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar llevado por la dictadura de Pinochet en Chile.