Consejo de Ministros

El Gobierno prohibirá la "letra pequeña"

Por Carlos Martínez de Leyva3 min

España11-10-2013

Esta mañana el Gobierno presentó un informe de lucha contra el fraude fiscal que refleja un gran impacto en las cuentas públicas superior a 22.500 millones de euros y el Proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha indicado que este Proyecto de Ley permitirá que el plazo que tenga el consumidor para devolver un producto sea de 14 días. Habrá que facilitar información a los usuarios de manera clara y comprensible al formalizar los contratos a distancia.

En el informe, de los ministerios de Hacienda, Empleo y del Interior relativo a los resultados del programa de lucha contra el fraude fiscal , que la vicepresidenta reveló esta mañana , se recoge que "el impacto económico de la lucha contra el fraude en el año y medio de vigencia del plan ha superado los 22.500 millones de euros".Sáenz de Santamaría resaltó que de ellos se ingresaron más de 16.500 millones en la lucha contra el fraude fiscal y en la lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social hubo un ahorro de 6.152 millones euros". " Las actuaciones del trabajo de verificación y control del cumplimiento de la normativa en materia de desempleo ahorraron 3.161 millones de euros en prestaciones" indicó Soraya Saenz de Santamaría "Se han realizado investigaciones y comprobaciones que han afectado a 520.572 personas, es decir a más de medio millón de perceptores indebidos de prestaciones por desempleo ", aclaró Sáenz de Santamaría."En el impulso del intercambio de información tributaria a nivel internacional: España ha liderado, junto con Alemania, Francia, Italia y Rumania, el desarrollo de un nuevo estándar internacional de intercambio automático y multilateral de información", señalo la vicepresidenta."En año y medio se han adoptado 3953 medidas cautelares. Informó también que se aprobaron tres Reales Decretos por los que se concede la nacionalidad española a la familia de Oswaldo Payá. Con la vicepresidenta estaba Ana Mato ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dio a conocer el Proyecto de Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios que se enviará a las Cortes. Mato apuntó que "el comercio electrónico alcanzó en España en un sólo trimestre un volumen de negocio de 2.700 millones de euros, con un total de 36,8 millones de operaciones", y aventuró que "seguirá creciendo, por lo que era urgente desarrollar un marco normativo claro para proteger a los consumidores". Mato señaló que se deberá facilitar información a los consumidores y usuarios cuando se formalicen contratos a distancia de forma clara y comprensible. "Se trata de eliminar la letra pequeña, que todos los usuarios sepan qué producto o servicio están adquiriendo y qué derechos tienen" señaló la ministra. Anunció que se ampliará el plazo de devolución a 14 días. Y se incorporará un formulario de desistimiento común para toda Europa que facilitará su ejercicio y se dará al consumidor con la información previa a la firma del contrato. "Se reconocen nuevos derechos a los consumidores , referidos a la forma y a los plazos de entrega y al riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido" indicó Mato . El empresario tendrá que ocuparse de recoger los bienes cuando el consumidor quiera devolverlos por su naturaleza , no se podrá hacer por correo. . El consumidor tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción. Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso para hacer un pago adicional al acordado, el usuario tendrá derecho al reembolso de ese pago. "En los casos de que la empresa se ponga en contacto telefónico con el usuario para ofrecer o formalizar un servicio, deberá confirmarse la oferta por escrito o, salvo oposición del consumidor, en un soporte duradero. Es decir, la oferta no será vinculante hasta que no se envíe por el consumidor en papel, por fax, correo electrónico o SMS."Si se habilita una línea telefónica para comunicarse con los clientes en relación con los contratos, el coste de la línea no podrá ser superior al de una llamada telefónica normal.