Justicia

Primera jornada del 'Caso Faisán'

Por Adriana Robledo3 min

España16-09-2013

Todo comenzó el 4 de mayo del 2006. Un chivatazo sobre la existencia de una operación contra ETA en el bar Faisán, en Irún, Guipúzcoa, activaba las alarmas del propietario, Joseba Elosua también presunto miembro de la red de extorsión de ETA. Durante la jornada de hoy ha declarado el exjefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamies. Durante una hora y cuarto y con un lenguaje vulgar el policía se ha desvinculado de haber dado el chivatazo.

Pamies ha declarado que en su “vida” ha hablado con el propietario del bar y que nunca habría aceptado una “orden política” para impedir una operación policial. En la primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial el fiscal Carlos Bautista ha preguntado al policía si recibió una llamada del exdirector de la policía la noche anterior para darle “orden política de interrumpir la ‘Operación Urogallo’”. Pamies ha asegurado que “no, para nada y tampoco la hubiera aceptado”. Paimes se enfrenta a nueve años de cárcel por estas acusaciones y ha afirmado que la presencia del inspector José María Ballesteros, presunto autor del soplo junto a él, en la zona del Faisán fue porque le pidió que visitara los tres puntos fronterizos por tenerse que reunir en Francia con un confidente etarra conocido bajo el sobrenombre de “Romano”. "Quien me preocupa es la Policía francesa. Tenía que hacer el traslado porque él tenía acceso a material de la organización. Si nos pillan con eso, es muy difícil explicárselo. Hacemos un pan con unas tortas", ha dicho. En el interrogatorio Pamies ha sostenido que conocía la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA gracias al comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo, quien le pidió el apoyo de unidades de intervención policial (UIP) a su cargo. Esa es la razón que justifica la llamada al jefe de la Brigada de Información Provincial de San Sebastián, Manuel Risco. "Le pregunté qué pasaba y por qué nadie me había informado de que había una operación en mi territorio. Que no se me informe no me parece lo más correcto". Las llamadas hacia el jefe de la Brigada en Francia también tienen explicación. El policía llamó para informarse porque quería conocer las intenciones de la Policía gala aunque “difícilmente me podía dar ningún dato porque no lo conocía”. Después de 30 años destinado en el País Vasco Pamies ha negado que las llamadas realizadas durante esos días con el entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo, y con la jefa de Sección de la citada Brigada, Teresa Herraiz tuvieran alguna relación con la preparación chivatazo. Además se ha quejado de que el foco de la investigación se centrase en las llamadas de uno de sus teléfonos móviles. "Todo el sumario está basado en mi móvil profesional, no se han chequeado ni dos teléfonos oficiales en mi despacho ni tres teléfonos oficiales que tengo en mi domicilio ni otro móvil que tengo a mi nombre desde el año 2000 y otros tres teléfonos prepago que tengo", ha protestado. Después de chivatazo llamó al jefe del equipo investigador, Carlos Germán, para preguntarle si alguno de sus hombres era el autor del soplo y a García Hidalgo para decirle que le echara “más narices” al impedir que todos los miembros de la Brigada tuvieran que formar parte de la rueda de reconocimiento ante Elosua. María Ponte, abogada defensora, ha obtenido como respuesta a sus preguntas que los superiores de su cliente eran conocedores de manera puntual de la identidad, estado procesal y las citas que tenía con su confidente. Además ha matizado que no tenía capacidad de interrumpir la operación franco-española contra la financiación que tenía ETA. "Ni yo ni ningún policía español tiene influencia sobre madame Le Vert (juez antiterrorista francesa), ni el presidente de la República... Le podemos bailar una jota que, como tome una decisión, es imposible hacerla cambiar", ha apostillado. Las conclusiones del fiscal plasmadas en su escrito provisional piden dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para Ballesteros por un delito de revelación de secretos y se podría unir una pena de cinco años por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por colaborar con la banda terrorista ETA.