CONSEJO DE MINISTROS

El Consejo de Ministros aprueba nuevas reformas

Por Ana Pascual Ases3 min

España26-07-2013

El Consejo de Ministros ha señalado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido dar comienzo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, rechazada por el resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha indicado que la multa por conducir bebido pasa de 500 a 1.000 euros, y que las nuevas sanciones están recogidas en la reforma de la Ley de Tráfico, así como el establecimiento de la obligatoriedad del uso del caso para los menores que circulen con bicicleta, y las pruebas de drogas y alcohol a peatones. También ha sido aprobado el Plan PIVE 3, que cuenta con un presupuesto de 70 millones, y la autorización de 5.800 millones de euros para Empleo.

La denominada reforma local que ha sido aprobada tiene el objetivo de reordenar las competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales, así como mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios, a través de la introducción del coste estándar, al que deberán reajustarse los municipios. El Gobierno ha previsto que el establecimiento de la ley logre ahorrar unos 8.000 millones de euros durante los próximos años. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado que “se tendrá en cuenta al calcular el coste el número de habitantes, la dispersión, las características del municipio, la densidad; en definitiva, reconocer que en una España variada con 8.117 municipios, de los que sólo 400 tienen más de 20.000 habitantes, los costes son necesariamente diferentes. Lo pensábamos regular en una norma de desarrollo, lo incluiremos en esta”, ha concretado. Por otro lado, han sido varias las reformas que se incluirán en la Ley de Tráfico, el Consejo de Ministros ha anunciado que la multa por conducir bebido asciende de 500 euros a 1.000, las nuevas sanciones se han recogido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, aunque no afecta a las tasas máximas de alcohol permitidas ni a los puntos que se quitan del carné de conducir en caso de dar positivo en el test de alcoholemia. La tasa máxima seguirán siendo 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, y 0,15 miligramos para los conductores noveles, de transporte de mercancías o vehículos especiales. Si se superan los 0,60 miligramos el Código Penal prevé una pena de cárcel de tres a seis meses, o bien, una multa de seis a doce meses de trabajos en beneficio de la comunidad, e incluso, la retirada del carné de uno a cuatro años. En la misma reforma de tráfico, el Gobierno ha establecido la obligatoriedad del caso para los menores que circulen con bicicleta, tanto en vías urbanas como en ciudad. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que es “consciente del debate sobre esta medida”, ya que varias asociaciones se han opuesto a esta reforma, la Coordinadora Catalana de Usuarios de Bicicleta (CCUB), María Seguí, ha denunciado que es “una norma que aumenta la posibilidad de ser atropellados”, puesto que disminuye la capacidad auditiva del ciclista. Por último, dentro de la Ley de Tráfico se ha añadido la posibilidad de realizar test de detección de drogas a los peatones que infrinjan las normas de circulación, mediante la prueba de saliva y de alcohol. Díaz ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo que podrá bastar con que se comenta una infracción para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan realizar la prueba. Hasta la fecha esta práctica sólo se llevaba a cabo cuando eran víctimas o tenían participación el algún accidente. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha confirmado que el Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de la tercera convocatoria del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3) que cuenta con un presupuesto de 70 millones de euros. La tercera entrega del Plan PIVE se financiará mediante un crédito de cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), con el fin de sustituir vehículos, turismos y comerciales ligeros, con más de 10 años y 7 años de antigüedad. Y en cuanto al empleo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha autorizado un suplemento de crédito de 5.850 millones de euros para el Servicio Público de Empleo Estatal, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha indicado que el dinero podrá ser utilizado para el pago de prestaciones y para bonificaciones empresariales a la creación de empleos. No todas las reformas han causado buenas reacciones, los sindicatos UGT y CC.OO. han pedido la retirada de la reforma de la Administración local, porque, a su juicio, es inconstitucional e injusta, y supondrá la destrucción de empleo y llevará a servicios públicos de peor calidad y más caros para el ciudadano.