TRIBUNALES
Carlos Fabra será juzgado
Por Irene Flores Ruiz
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España22-03-2013
El juez del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, ha dictado el auto para la apertura del juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública dentro del denominado 'caso Naranjax'.
El caso también conocido bajo el nombre del 'caso Fabra' corresponde a la investigación por los supuestos tratos de favor que recibió el empresario Vicente Villar para registrar productos fitosanitarios por parte del Ministerio de Agricultura y Sanidad. El expresidente de la Diputación de Castellón actuó de medidor con el fin de agilizar políticamente las autorizaciones administrativas de esos productos e incurrió en evasiones fiscales. Para hablar del 'caso Fabra' es necesario remontarse a diciembre de 2003 cuando el empresario, Vicente Villar, que también será juzgado, impuso una querella contra Carlos Fabra por el cobro de cantidades millonarias a cambio de actuar de mediador para legalizar los productos fitosanitarios que comercializaba. También han sido llamados a declarar la ex esposa de este empresario, Montserrat Vives así como la ex esposa de Carlos Fabra, María Amparo Fernández que es acusada de tres delitos fiscales. De esta manera, el juez Jacobo Pin, ha abierto un auto con fecha de este viernes. Cumple la decisión del Tribunal Supremo que, el pasado febrero, estimó los recursos que fueron presentados por el Abogado del Estado, el Ministerio Fiscal y la Unión de Consumidores, y, acto después, acordó devolver a ese juzgado de instrucción número 1 todos los autos con el fin de que el juez Jacobo Pin dictara un auto "con absoluta libertad de criterio" para llamar a declarar a Carlos Fabra por todos los delitos que se le imputan, incluyendo la acusación de cohecho. Con este auto para la apertura del juicio oral, se ha estipulado un plazo de diez días hábiles para que ambas partes confirmen o rectifiquen sus escritos de acusación. Posteriormente, se fijará la fecha para el juicio oral. La acusación popular como la Fiscalía Anticorrupción han fijado sus peticiones de cárcel entre los 15 y 20 años.