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ESTADOS UNIDOS

El Tribunal Supremo ratifica la ley de inmigración de Arizona

Por Almudena San Román GómezTiempo de lectura2 min
Internacional26-06-2012

El Tribunal Supremo ha ratificado la ley de Arizona contra los inmigrantes. El máximo tribunal estadounidense exige a la policía que pida la documentación a todas las personas que paren. Las partes de la ley de Arizona que se han inhabilitado han sido: El delito a que un inmigrante no tuviera documentación válida y permitir la detención y deportación a los inmigrantes que hubiesen cometido algún delito.

Antes del cambio, Jan Brewer, gobernador de Arizona perteneciente al partido republicano lo había visto como “una victoria para el estado de derecho”. Los grupos activistas se mostraban en contra, opinaban que esta ley haría vivir a miles de familias con miedo. El Supremo establece que: "El Gobierno Nacional tiene una capacidad significativa para regular la inmigración (...). Arizona puede tener una frustración comprensible con los problemas que provoca la inmigración ilegal (...), pero este estado no puede aplicar políticas que socaven la ley federal", explica. El juez Kennedy quien ha prohibido esta ley explica que esta política federal puede afectar al comercio, la inversión, el turismo y las relaciones diplomáticas, también habló de la posibilidad a las apelaciones constitucionales. Obama ha dicho en un comunicado: "Me alegra que el Tribunal Supremo haya revocado provisiones clave de la ley de inmigración de Arizona. Lo que esta decisión deja indudablemente claro es que el Congreso debe actuar en una reforma completa de la inmigración. Un rompecabezas de leyes estatales no es una solución para nuestro sistema fallido de inmigración, es parte del problema". Aunque también se mostró preocupado sobre cómo aplicarían esta ley: "En adelante, debemos asegurar que los agentes de la ley de Arizona no aplican esta ley de una forma que socave los derechos civiles de los estadounidenses, como reconoce la decisión del tribunal", añadió. Otros grupos veían esta nueva ley como anticonstitucional, con componentes de discriminación étnica y racial a la población hispana, el 16 por ciento de los estadounidenses. Esta ratificación de la ley sucede en el momento en que demócratas y republicanos discuten sobre los 11,5 millones de inmigrantes ilegales que piensan que hay en el país. Mitt Romney (republicano), se opone a la ley. "La decisión de hoy subraya la necesidad de un presidente que lidere en este asunto clave y trabaje de forma bipartisana para buscar una estrategia nacional de inmigración", alega Romney en un comunicado.