CiU recurrirá al Constitucional el anteproyecto de la ley de FP aprobado en el Congreso

Por Covadonga de la Cuesta1 min

Sociedad17-04-2002

Los votos del Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), en principio reticente, han servido para aprobar el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional y Cualificaciones en el Congreso. Su próximo paso es el Senado. El PSOE lanzó sus críticas inmediatamente y tachó de “cicatero”, “caduco” e “inservible” el proyecto.

Convergencia i Unió (CiU) recurrirá la ley ante el Constitucional. La nueva propuesta de ley pretende mejorar la acreditación profesional en aras a la libre circulación de trabajadores en el mercado laboral. Ofrece, por tanto, un acercamiento a Europa para erradicar los problemas de adaptación. Hay tres claves en este Sistema Nacional de FP: crear un organismo igualador del nivel formativo y la acreditación profesional en la Unión Europea; conseguir una oferta pública de FP en consonancia con la realidad; y mantener el sistema de evaluación continua. Se ha dado especial relevancia al papel que las tecnologías, los idiomas de la UE, el trabajo en equipo y la prevención de riesgos laborales juegan en la actualidad. Pese a existir 136 Títulos Profesionales, aún no se han cubierto todos los sectores productivos al completo. Existen desajustes entre las cualificaciones y la demanda de trabajadores, pues hay puestos de trabajo que no se corresponden con una titulación concreta. En su base teórica propugna la igualdad, la formación permanente, así como facilitar la integración de los menos capaces. Aunque los nacionalistas canarios se negaban a aceptar el texto del anteproyecto, el hecho de que algunas de sus enmiendas fueran aceptadas les hizo cambiar de opinión. Se aceptaron 30 propuestas de la oposición y del PP. Sin embargo, la polémica ha vuelto servida en bandeja de plata. CiU ha optado por recurrir el anteproyecto ante el Constitucional. Ignasi Guardans, de CiU, explica que es una ley “mala” técnicamente, “indefinida”, “rígida” e inconstitucional y duda que facilite la adaptación de trabajadores al mercado laboral. CiU y el resto de la oposición critican que la nueva ley vulnere las competencias de las Comunidades Autónomas y la inexistencia de un presupuesto añadido.