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PENA DE MUERTE

Se duplica el número de ejecutados en el 2001

Por Covadonga de la CuestaTiempo de lectura2 min
Sociedad09-04-2002

La pena de muerte es el mayor atentado actual vigente contra la democracia y los derechos humanos. La organización de defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI), defensora de la causa, calcula que más de 3.048 personas fueron ejecutadas en el año 2001.

Un individuo anónimo camina en estos momentos sus últimos metros, los que le separan del cuarto oscuro, de la habitación de la muerte. Varios funcionarios de prisiones lo han dispuesto todo para que el condenado sufra lo menos posible. Una vez en la silla y después de haberle esposado y colocado un pañal, colocarán una esponjilla humedecida en su boca, taparán su rostro con una tela negra, le atarán a la silla para inmovilizarle, y ajustarán bien los tornillos del casco que será su verdugo final cuando la electricidad chamusque su cuerpo. Monster's ball es un filme que se ha estrenado en las últimas semanas. Con frialdad se puede ver en la pantalla una ejecución en la silla eléctrica, uno de los métodos que en Estados Unidos, la tierra de la libertad, se utiliza para acabar con los "descarriados" que amenazan el american way of life. Monster's ball no es sólo una película, son hechos que suceden en latitudes tan dispares como Irán, que con 139 ejecuciones se sitúa a la cabeza. AI ha subrayado que las cifras que ha desvelado corresponden a los casos a los que han podido acceder, ya que resulta complicado calcular el total con exactitud. De todos modos, el aumento de las ejecuciones se debió al mayor uso de la pena capital en China después de una campaña gubernamental de "mano dura" contra la delincuencia. Otros datos que ha computado AI son los que hacen referencia a las condenas a muerte. En este apartado se han detectado 5.265 condenas en 68 países en el año 2001. "En muchos casos se violaron de forma flagrante las normas internacionales sobre la aplicación de la pena de muerte", dice Amnistía, desde donde se asegura que "se han impuesto condenas a muerte tras juicios injustos y se ha ejecutado a delincuentes juveniles (personas condenadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años), algo que prohíbe el derecho internacional".