REFORMA CONSTITUCIÓN

La reforma constitucional aspira a traer estabilidad presupuestaria

Por Sara Pérez Hernández4 min

España04-09-2011

Tras varias semanas de negociaciones, el Pleno del Congreso ha acordado modificar el artículo 135 de la Constitución con el objetivo de conseguir estabilidad presupuestaria y reducir el déficit español. Con esta reforma, el nuevo artículo fijará el déficit estructural máximo permitido por la Ley Orgánica.

La reforma del artículo 135 de la Constitución española obliga a todas las Administraciones Públicas a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, PP y PSOE no han introducido ninguna cifra en la Ley Fundamental sino que la cifra será incluida en una posterior Ley Orgánica que establecerá un límite del 0,4 por ciento al déficit de las Administraciones Públicas. En el caso del Estado la cifra será de un 0,26 por ciento y del 0,14 por ciento para cada comunidad autónoma y de cero para los Ayuntamientos. La Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido, establecidos por la Unión Europea, al Estado y las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las Comunidades Autónomas tendrán que estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. No obstante, la reforma constitucional contempla que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica y situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado. Esta Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes del 30 de junio de 2012. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3. Por su parte, los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020. Sin embargo, la presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Tras la votación en el Congreso, varios grupos parlamentarios presentaron un total de 24 enmiendas, de las cuales 6 fueron rechazadas por la Mesa del Congreso. Entre las enmiendas rechazadas se encontraban dos de PNV y ERC que pretendían la reforma del artículo 2 de la Constitución para permitir el derecho de autodeterminación del País Vasco y Cataluña. Respecto a las enmiendas transaccionales, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha vetado que se pudiera votar cualquiera de ellas, a pesar de que había dos enmiendas pactadas entre los grandes partidos y el grupo catalán. Claves de la reforma Los Estados europeos están sufriendo en sus cuentas los esfuerzos que llevaron a cabo en los últimos tres años para salir de la recesión. La inyección de dinero público para reactivar la anémica actividad consiguió devolver a Europa a la senda del crecimiento. Pero las medidas de estímulo tuvieron otro efecto. Prácticamente todos los países sufren de abultados déficit, que en el caso español ronda el seis por ciento del déficit global del PIB, cuando el Pacto de Estabilidad fija el nivel razonable en el tres por ciento. El alto endeudamiento público es otra de las cicatrices de la crisis. Y ya se ha cobrado tres víctimas: Grecia, Irlanda y Portugal. El Eurogrupo esbozó a finales de julio nuevas medidas para colectivizar la ayuda a los socios en apuros. Pero tanto el mercado como Alemania exigen contrapartidas. Alemania y Francia han acordado apostar por un “verdadero gobierno económico para la UE” y propusieron que los 17 países de la zona euro introdujeran en sus constituciones la obligación de poner un tope al déficit antes del verano de 2012 y así conseguir una estabilidad presupuestaria, que es la pauta que fija que las administraciones públicas deben cerrar en equilibrio sus finanzas a lo largo de un período de tiempo, sea un año o más, pudiendo incurrir en superávit (más ingresos que gastos) pero nunca en déficit (más gastos que ingresos). La estabilidad presupuestaria permite alargar los ciclos de bonanza económica, con lo que su repercusión en el crecimiento del PIB, en el empleo y en la generación de inversiones es mayor. El director de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Pablo Vázquez, destaca que el déficit trae ajustes que se derivan en subida de impuestos y en mayores tipos de interés, y resalta que generar mucha deuda hace más caro financiarse en el exterior. Es necesario reformar la Constitución estando en vigor la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, pues según los economistas consultados coinciden en que es bueno fijar un límite al déficit público en una ley de rango superior porque otorga confianza y credibilidad y hace más difícil que futuros gobiernos puedan modificarla, ya que se trata de una norma de rango institucional y no de una Ley Orgánica, más fácil de cambiar.