JUICIOS CONTRA GARZÓN
El Tribunal Supremo puede condenar a Garzón por tres causas distintas
Por Juan Heralta Rodríguez
2 min
España25-04-2010
Baltasar Garzón dejará de ser juez y parte de los próximos juicios a los que asista para sentarse en el banquillo de los acusados. Este es el futuro más probable que le espera debido a las tres causas que tiene abiertas por Tribunal Supremo.
La primera de ellas es por investigar los crímenes del franquismo, ya que se considera que cometió un delito de prevaricación. Esta acusación esta sostenida porque Garzón atribuyó en su investigación judicial a personas ya fallecidas delitos que habían prescrito y que, además, no eran de su competencia. Esta querella fue interpuesta por el colectivo Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española. De momento, el Alto Tribunal ha acordado que se entregue una copia de las diligencias al fiscal y a las acusaciones personadas para que se solicite la apertura del juicio oral. La segunda causa por la que se acusa a Garzón es por rechazar una querella contra un banco que financió sus conferencias. El Tribunal Supremo considera que hubo presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó personalmente y que recibió para financiar actividades que desarrolló durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. A su vuelta a España, recibió una querella en contra del presidente de dicho banco, Emilio Botín, por haber entregado 260.000 euros para organizar únicamente dos coloquios. Estas acusaciones están realizadas por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón. Por el momento, la Sala de lo Penal afirma en el auto de iniciación del proceso que no debe de rechazarse la posibilidad de establecer una relación entre la petición y consecución del patrocinio del banco. La tercera y última causa por la que se le acusa es por intervenir las comunicaciones entre abogado y acusado en el Caso Gütel. En esta también el Tribunal Supremo le vuelve acusar por supuestos delitos de prevaricación, además de interceptación ilegal de comunicaciones, ya que autorizó las escuchas entre los imputados en el Caso Gütel con sus respectivos abogados. Esta acusación fue lanzada por el abogado y anteriormente también fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados del Caso Gütel. A ella se han unido también los abogados defensores de Francisco Correa y Pablo Crespo, José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo. Dichas escuchas han sido anuladas al ser consideradas ilegales al vulnerar el derecho fundamental de la defensa.