EXTRADICIONES

Etarras extraditados: de vuelta a España

Por María Fernández Riveras2 min

España10-05-2001

Idoia López Riaño fue entregada a España por las autoridades francesas el pasado miércoles, tras haber cumplido cinco años de cárcel en Francia acusada de "asociación de malhechores", delito homólogo en España al de pertenencia a banda armada.

Los titulares de los juzgados centrales de Instrucción números 2 y 4, Ismael Moreno y Carlos Dívar, han decretado prisión incondicional para la tigresa por su participación en siete asesinatos y en el atentado contra el fiscal general del Estado, Luis Burón Barba. En los próximos días, será procesada por otras causas penales que tiene abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, será juzgada por su participación en el atentado que tuvo lugar el 14 de julio de 1986 en la madrileña plaza de la República Dominicana. En este acto terrorista murieron doce guardias civiles. Asimismo, también será juzgada y procesada por el asesinato del presunto miembro de los GAL Josep Couchot en noviembre de 1984 y por su participación en el atentado organizado por el Comando Madrid en abril de 1996 en el que murieron cinco guardias civiles. Idoia López, natural de San Sebastián, perteneció a los comandos de ETA Oker, Ekatiz y Madrid. Otros presuntos etarras que han sido extraditados, en este caso desde México, son Sagrario Yoldi y Francisco José Ramada. Estos dos colaboradores del comando Donosti han sido acusados de participar en los secuestros del empresario José María Aldaya y el abogado Cosme Delclaux. Ambos habían abandonado Lasarte debido a la detención en Francia del dirigente de ETA Francisco Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri. Con estas dos detenciones, ya son 21 las personas entregadas por México a la justicia española desde 1995. España ha firmado varios acuerdos con Italia, Francia, Gran Bretaña, Bélgica y tiene previstos otros con Alemania para agilizar los procesos de extradición. Conforme a estos acuerdos, entre ambos países se llevaría a cabo una entrega inmediata de las personas acusadas de terrorismo u otros delitos graves. Se trata, en definitiva, de que cada país reconozca las resoluciones judiciales adoptadas por el otro cuando se trate de delitos graves y, de esta manera, evitar los lentos trámites de los procesos clásicos de extradición.