COMPAÑIA ELECTRICA
España veta la entrada de EnBW y Adygesinval en Hidrocantábrico
Por Gema Diego
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Economía10-05-2001
Dos grupos poseen casi las tres cuartas partes de la eléctrica Hidrocantábrico. El primero lo forman la española Ferroatlántica y la alemana EnBW, en la que a su vez tiene participaciones la francesa Electricité de France (EDF), que es de carácter público. El segundo, Adygesinval, lo componen la entidad española Cajastur y la portuguesa Electricidade de Portugal (EDP), que sigue estando en parte bajo control estatal.
Sin embargo, de la noche a la mañana se han quedado sin poder decisorio por obra de Rato. El ministro de Economía se ha amparado en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000 para impedirles ejercer sus derechos políticos hasta que el Consejo de Ministros tome una decisión definitiva. Según esta ley, una entidad que sea, total o parcialmente, pública no puede hacer valer sus prerrogativas dentro de una empresa del sector energético, aunque haya adquirido participaciones de ésta. Ahora, el Gobierno español dispone de tres meses para ratificar la actuación del ministro de Economía. Entre tanto, el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, sospecha que va contra las normas de derecho comunitario. Monti afirmó que España tendría que haber informado oficialmente a la Comisión de este hecho. Asimismo, España también deberá justificar esta medida en caso de que el Consejo de Ministros decida seguir adelante con ella. Resulta chocante la actitud de España en este asunto ya que en 1999 se produjo dentro de la Unión Europea (UE) un caso similar: el Banco Santander Central Hispano (BSCH) intentó comprar el portugués Champalimaud, a lo que se opuso el Gobierno portugués. La UE dio la razón al BSCH, con lo que Portugal no tuvo más remedio que autorizar la operación. En el caso de Hidrocantábrico, las causas del veto español hay que buscarlas en los desacuerdos de Aznar con el Gobierno francés. En la última cumbre europea, celebrada en Estocolmo, Francia se negó a abrir su mercado energético y a establecer una mejor red de comunicaciones con España.





