OPERACIÓN GÜRTEL

Cierre de filas en apoyo a Camps, acusado de recibir favores de la trama

Por Carmen Rodrigo2 min

España05-03-2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cree que existen indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y en el secretario general del PP de Valencia y diputado autonómico, Ricardo Costa, en relación a la denominada operación Gürtel. Unas acusaciones ante las que el partido ha cerrado filas para defender a ambos dirigentes. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, escenificó el apoyo del partido a los imputados y calificó las acusaciones de Garzón de “insidiosas e injustificadas”.

El auto, en el que el juez traslada parte de la causa al tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), implica también al secretario de organización del PP valenciano hasta abril del 2007 y ex vicepresidente del Gobierno autonómico, José Víctor Campos Guinot, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño. El juez sugiere que estos cuatro implicados recibieron trajes valorados en más de 20.000 euros a modo de soborno. Según la investigación, los gastos en ropa que la red empresarial de Francisco Correa –presunto cabecilla de la trama-- sufragó se reparten de esta forma: 12.783 euros para Camps, 7.325 para Costa, 4.850 para Campos y 9.950 para Betoret. El auto explica además que el proceso de adquisición de los trajes se realizaba siempre de la misma forma, salvo en el caso de Camps, que acudía él mismo a las tiendas de las marcas Milano y Forever Young en Madrid. Para el resto de imputados, un empleado de Milano, hombre de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes -otro de los imputados por el juez-, “recibía el encargo de desplazarse a Valencia” para mostrar tejidos y tomar medidas a los imputados. Garzón asegura que en las facturas de Forever Young aparecen “conceptos que la tienda no comercializa” y que Milano ni siquiera elaboraba facturas porque las redactaba “artesanalmente”. Financiación ilegal El otro indicio que la instrucción mantiene contra el PP valenciano sostiene una supuesta financiación irregular del partido antes de que Camps fuera presidente. Garzón plantea que el PP pudo recibir 420.000 euros en el año 2002 por favorecer a una empresa de Correa. También mantiene que el congreso regional celebrado ese mismo año por el PP se pagó en parte en "dinero B". Tanto el PP de Valencia como a nivel nacional salió al apoyo de Camps y Costa. Así, De Cospedal expresó su plena confianza en ambos ante las “gravísimas acusaciones que sufren” y se negó a referirse a las acusaciones contra Camps porque considera que “no están probadas”. José Víctor Campos y Rafael Bertoret, en cambio, no gozaron de tal apoyo y se vieron obligados a la suspensión de militancia voluntaria en el partido.