OPERACIÓN GÜRTEL

Garzón se olvida del Supremo al no hallar pruebas contra el PP Nacional

Por Esteban del Pozo3 min

España05-03-2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha acabado inhibiéndose en la investigación por la supuesta trama de corrupción desarticulada en la operación Gürtel en favor del los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia por estar implicados aforados de estas regiones, pero no aforados nacionales como se apuntó en un primer momento. De este modo se descarta la tesis de que la trama tuviese entre sus actividades la de prestar financiación ilegal al partido.

En los autos que redactó para trasladar la causa a los tribunales autonómicos, el juez imputó a varios dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid y vinculó a varios dirigentes del partido en Valencia. En esta última región el dedo acusador de Garzón señaló al máximo dirigente, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y el secretario general del PP de Valencia y diputado autonómico, Ricardo Costa. También serán investigados otras dos personas relacionadas con el PP valenciano: José Víctor Campos Guinot, secretario de organización del PP valenciano hasta abril de 2007 y ex vicepresidente del Gobierno de la Generalitat y Rafael Betoret Parreño, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. Según lo que se menciona en lo escrito por el juez, el PP valenciano recibió 420.000 euros por favorecer a una empresa de Francisco Correa. También pide investigar tanto a Camps como a Costa por supuestos regalos en forma de trajes de la tienda Milano que luego se convertirían en favores personales a los implicados en la trama de corrupción. Garzón afirma que el presidente de la Comunidad Valenciana recibió trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market. Tanto Camps, como el PP en general han salido en su defensa y han apostado por la honorabilidad del presidente de la Comunidad Valenciana. La otra región salpicada por la tinta del juez ha sido la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y actual diputado autonómico Alberto López Viejo, al que se atribuye un papel "central" en la trama. Los otros dos son los diputados autonómicos Benjamín Martín Vasco y Alberto Bosch. Además de los anteriores ya conocidos la lista se amplia y se hace hueco en la causa a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga). Finalmente, ninguno de los citados anteriores ocupa actualmente el cargo de diputado en el Congreso, senador o europarlamentario, por eso aunque lo preguntase el juez de la Audiencia Nacional, el caso no puede verse elevado al Tribunal Supremo. Aunque Garzón en el auto señala que la presunta trama "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional”, no debe pensar lo mismo la Fiscalía Anticorrupción ya que fue el Ministerio Público el que informó al magistrado a favor de dejar en manos de los tribunales superiores de cada comunidad la resolución de estos casos. No era la primera vez que la Fiscalía le pedía a Garzón que inhibiese del caso ya que en el anterior informe también solicitó al magistrado que se apartara del caso para que las riendas las tomase los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. De estos informes también se deduce que el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, está limpio y que la teoría de una financiación ilegal del partido empieza a diluirse.