MODERNIZAR LA JUSTICIA

Los jueces se dividen y la mitad acuerda adelantar la huelga a febrero

Por Elena Sagredo2 min

España22-01-2009

De los veintisiete países que componen la Unión Europea, tan sólo Francia, Portugal e Italia han sido los únicos estados en donde los jueces convocaron una huelga con el fin de pedir un aumento de sus retribuciones. El 13 de febrero será una fecha a recordar ya que podría ser la primera vez en la historia que la Justicia española deje de funcionar por un paro convocado por jueces de más de veinte ciudades.

En España no existe una regulación que admita que los jueces tengan derecho a la huelga, pero tampoco hay ninguna que lo prohíba. Como funcionarios, les asiste el derecho a la huelga previsto en el artículo 28 de la Constitución Española, pero, al tratarse del poder judicial (uno de los tres poderes dependientes del Estado), este derecho podría estar sujeto a limitaciones. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, afirmó que el derecho de huelga para jueces y fiscales no estaba ni reconocido ni prohibido, que simplemente es un acontecimiento que “no está previsto”. En un principio, las asociaciones judiciales anunciaron un "acto reivindicativo y de protesta" en todas las salas judiciales para el 18 de febrero, y una huelga para el 26 de junio en el caso de que el Gobierno socialista no respondiera eficazmente a sus reivindicaciones. Sin embargo, las reivindicaciones no han podido esperar y los jueces de veinte ciudades españolas han decidido adelantar directamente la huelga para el 18 de febrero. Madrid, Barcelona, Sevilla, La Coruña o Zaragoza son algunas de las que encabezan la lista, aunque tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional ya se han descolgado de esta iniciativa. Mejor formación del personal, menos carga de trabajo, incremento de la plantilla judicial, implantación de nuevas tecnologías o retribuciones son algunas de las exigencias planteadas por los magistrados. Muchos de ellos consideran que la huelga es un modo legítimo para exigir sus reivindicaciones, mientras que otros señalan que no es admisible, ya que como el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, considera que “no tiene justificación” y que esta “no beneficiará a nadie”. Bermejo azuza a los magistrados La situación no se ha visto favorecida en ningún momento por las intervenciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, debido a sus continuas críticas a los magistrados. La decisión de convocar una huelga, aparte de ser “injustificable e injustificada” es vista por el ministro como “una traición” a todos los españoles que tiene su origen en el movimiento corporativista provocado por todo el suceso del caso Mariluz, lo observa como algo incomprensible. Sin embargo, el Ministerio de Justicia para calmar la situación convocó una reunión con los representantes de las asociaciones judiciales para llegar a un acuerdo. La “actitud de diálogo” con la que se enfrenta Bermejo a esta reunión contrasta con las declaraciones en donde apelaba que existía “gente que necesita el dinero más que los jueces, que ganan entre 3000 y 6000 euros”. Aunque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, observe esta situación “con gran respeto institucional” lo cierto es que la Asociación de Fiscales ven como “inoportuna y prematura” la decisión adoptada por los magistrados, aunque apoyan “al 100 por ciento las reivindicaciones” planteada por los jueces.