LA JUSTICIA CONTRA ETA

ETA responde con más bombas a la ilegalización de sus marcas políticas

Por Irene E. Sánchez5 min

España21-09-2008

Con 11 heridos, la sede central de Caja Vital en Vitoria destruida, dos cócteles molotov y dos explosiones de bomba, se cobra ETA la ilegalización durante la última semana de las organizaciones políticas independentistas vascas ANV y PCTV.

Después de fracasar recientemente al poner una bomba lapa en el coche de un agente de Policía en Bilbao con el objeto de atentar contra su vida, ETA lo intentó de nuevo con éxito, ya que hizo explosionar el pasado fin de semana dos bombas: la primera en el bulevar Salburua de Vitoria, cerca de Caja Vital; sólo cuatro horas después, hacía explosión la segunda en Ondarroa (Vizcaya). Eran las 23:15 cuando alguien en nombre de ETA llamaba a la Policía para anunciar de la colocación de un Renault Clio con 82 kilos de explosivo cerca del pabellón Fernando Buesa de Vitoria, que estaba vacío y que lleva el nombre del ex socialista asesinado por la banda en el año 2000. La zona no era residencial, por lo que tan sólo algunos vigilantes del edificio de Caja Vital fueron desalojados. Poco después, saltaba la noticia en Vizcaya. La localidad de Ondarroa fue testigo de la siguiente acción etarra, que esta vez sí dejaba a víctimas por el camino. Con hasta 18 kilos más de explosivos que la de Vitoria, destrozó alrededor de las cuatro y media de la madrugada la comisaría de la Ertzaintza, algo que muestra el objetivo primordial de los etarras. Este atentado, a diferencia del anterior, no había sido avisado por la banda y, además, se llegaron a utilizar dos cócteles molotov para atraer la atención de los policías. Entre los 11 heridos se encuentran tres ertzianas, el resto, personas que paseaban por la zona. El contexto de estos atentados es claro: una semana en que tanto ANV como PCTV han sido ilegalizados definitivamente. Este proceso tiene sus antecedentes en otro partido, creado a imagen y semejanza de Herri Batasuna (HB), que decidió esconderse en el nombre de alguna otra agrupación que heredase sus mismas ideas y objetivos: patriotismo vasco, independencia y socialismo para Euskal Herria. Así es como nació Batasuna, conocida como el brazo político de ETA. Como antecesora de HB, se erigió como agrupación líder de la izquierda abertzale y, por ello, dio pie durante 2002 a una sucesión de hechos a partir de los cuales el Tribunal Supremo, dadas las denuncias del Gobierno de José María Aznar y en aplicación de la recién nacida Ley de Partidos en abril de ese año, consideró su ilegalización. Violencia, no condena de las acciones de ETA, amenazas, usurpación de funciones en los ayuntamientos del País Vasco o el propio interés de la banda terrorista por que Batasuna no abandonara el panorama político, fueron algunas de las pruebas aportadas al Alto Tribunal para que pudiera concluir el proceso de ilegalización en marzo de 2003. La reciente desaparición de ANV y PCTV, cinco años después, recuerda en gran parte a los procedimientos seguidos entonces. La Sala del 61 del TS ha seguido ahora, tal como en 2003, lo establecido en la Ley de Partidos y a través de su presidente, Francisco Hernando, anunció la inmediata disolución de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y de la suspensión de todas sus actividades como partido. ANV, histórica escisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y continuadora de la desaparecida Herri Batasuna, se definió desde el comienzo como nacionalista, independentista y republicano. La Audiencia Nacional ya suspendió todas sus actividades en febrero de 2008, dos meses previos a la no condena del atentado del ex concejal socialista Isaías Carrasco el 7 de marzo en Mondragón. La banda se queda sin tentáculos Asimismo, la misma sala del TS acordó por unanimidad y tras tener en cuenta las mismas demandas que con ANV, ilegalizar al PCTV, nacido poco después de declararse ilegal Batasuna. Y es que desde que el primer brazo político de ETA viera la luz con HB y Batasuna, lo cierto es que desde entonces no dejaron de surgir numerosos tentáculos, que partían todos de un mismo origen: Heuskal Herritarrok, Socialista Abertzaleak, Eukera Guztiak, Autodeterminaziorako Bilgunea o Herritarren Zerrenda, formaban parte reconocida de una red que interrelacionaba las distintas necesidades de la banda, tanto políticas como sociales, de infraestructuras o económicas. Todo un entrabado nacido semanas antes de la desaparición de Batasuna que facilitaba apoyos a ETA, algo que demostró su descendencia directa; Batasuna delegó en ellas las funciones que le fueron arrebatadas por la Justicia. Mientras todas estas herederas fueron paulatinamente reconocidas como tal y, por tanto, eliminadas del ámbito legal, hasta el final llegaron tanto ANV (fundada en 1930), como el PCTV, una Batasuna camuflada, con representación en los ayuntamientos desde 2005. Incluso a Estados Unidos llegó la conclusión de la ilegalidad de los crecientes tentáculos políticos de la banda ya que el 26 de febrero de 2002 su gobierno emitió una orden en la que incluyó a ETA, Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai, Haika, Segi y las Gestoras Pro Amnistía, en su lista de organizaciones terroristas. Precisamente, 12 de los 21 dirigentes de esta última y de su sucesora Askatasuna fueron enviados a prisión el pasado miércoles por integración en ETA y por ser “organizaciones terroristas”. En cuanto a Jarrai, Haika y Segi, considerados grupos también terroristas por el TS en enero del año pasado, refugiaron a los colectivos de juventud de la cada vez más dispersa red, culpables de “delito de integración en asociación ilícita, constitutiva de banda, organización o grupo terrorista, en concepto de integrantes de ellas, sin concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal”. Ekin, organización nacionalista con orígenes en la dictadura de Franco, agrupó desde sus inicios a la juventud asociada (era un grupo universitario), aunque en diciembre de 2007 46 de sus 52 miembros fueran condenados por la Audiencia Nacional a más de 500 años de cárcel por pertenencia a asociación ilícita relacionada con el terrorismo de ETA. Aunque poco a poco y no sin enfrentar a la Justicia española (tal y como al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, por ejemplo en el caso de Jarrai, Haika y Segi), o a los partidos políticos (en el caso del PP, que critica el retraso de la ilegalización por parte de los socialistas), la banda terrorista ETA cuenta con apoyos alejados de los ayuntamientos y de la legalidad, por lo que se enfrenta a sus propósitos con armas materiales, como las que destrozaron el pasado domingo la sede central de Caja Vital en Vitoria, que no las vinculadas a la política.