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BOLIVIA

Santa Cruz quiere mantener el control de sus impuestos

Por LaSemana.esTiempo de lectura2 min
Internacional12-05-2008

Las pretensiones autonomistas de la región boliviana de Santa Cruz, cuyo proyecto autonómico ha sido apoyado por más de un 80 por ciento de los votantes en un referendo ilegal, tienen dos dimensiones. La primera, y más tradicional, es económica dado su mayor desarrollo que el resto de provincias del país. La segunda, y más actual es política, como un mecanismo de oposición al Gobierno de Evo Morales.

Santa Cruz es la región más rica de Bolivia. Con apenas dos millones de habitantes, de los aproximadamente ocho del total del país, la aportación de la provincia a las arcas de la nación es especialmente significativa. Un tercio del Producto Interior Bruto del país sale de suelo cruceño, así como prácticamente la mitad de la producción agropecuaria, y las exportaciones totales de Bolivia, gracias a la producción de soja y caña de azúcar, la existencia de hidrocarburos y la minería de hierro. Es por ello que su nivel de crecimiento en los últimos años ha rondado el cinco por ciento, bastante por encima del índice del resto del país. Las pretensiones de Santa Cruz no son más que las de reducir la aportación que realizan a las arcas nacionales y que luego no retribuyen de nuevo en su territorio. En definitiva, Santa Cruz quiere reducir el capital con el que contribuye a la solidaridad regional teniendo un mayor control sobre sus propios impuestos. Actualmente, alrededor del 40 por ciento de los ingresos de la región van a parar a las arcas del Estado. Sin embargo, existe otra razón económica para solicitar una Autonomía, la de burlar la Reforma Agraria que plantea el Gobierno. Dicha Reforma tendrá como base la expropiación de tierras improductivas, grandes latifundios propiedad de sólo un puñado de familias, para repartir tierras entre campesinos no propietarios. La Autonomía de Santa Cruz permitiría a los ricos terratenientes tener una nueva jurisprudencia sobre sus posesiones alejando el fantasma de la expropiación del presidente Morales. Además, el núcleo político de la crisis se encuentra en que la exigencia de un Estatuto de Autonomía debilitará el controvertido proceso de reforma de la Constitución comenzado por Evo Morales. Un proceso que arrancó con la redacción de un borrador para una nueva Carta Magna que muchos mandatarios de Santa Cruz consideran ilegal por las formas en las que se aprobó. El nuevo proyecto constitucional fue votado a mano alzada en una instalación militar sin presencia de la oposición. Pese a todo, el proyecto está varado a la espera de que se convoque una consulta popular.