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ATASCO JUDICIAL

Bermejo niega el “caos” y habla de “mal endémico heredado del franquismo”

Por Angie RigueiroTiempo de lectura2 min
España08-05-2008

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, negó la existencia de “un caos y colapso generalizados en la Justicia española, a pesar de que un informe realizado por los servicios de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejará 270.000 sentencias penales que se encontraban sin ejecutar. "Yo me niego a hablar de colapso", fue el mensaje del ministro.

En este sentido, Bermejo defendió que los procesos de ejecución de sentencias son “duraderos”, pero no de forma obligatoria “lentos”, aunque sí que reconoció que la "ejecución de sentencia" suele ser "el proceso lento por excelencia" y que esta lentitud es uno de los "males endémicos" de la Justicia española. Sin embargo, Bermejo matizó los resultados del informe al afirmar que las "sentencias paralizadas" en realidad son "sentencias en ejecución". Según sus datos, el Ministerio ha recibido, en los cuatro años de legislatura, hasta 53 peticiones de "medidas de refuerzo" formuladas desde el órgano de gobierno de los jueces, a las que Justicia ha respondido "favorablemente a 52”. "Si a pesar del refuerzo se mantienen situaciones anómalas habrá que tomar medidas estructurales", añadió. Bermejo quiso dejar claro que, a pesar de la existencia de algún “caos en algún órgano concreto y retrasos”, en ninguno existe un "colapso generalizado". "No es anómalo que una sentencia tarde años en ejecutarse", insistió. El estudio del CGPJ fue elaborado después de la muerte de la joven Mari Luz, presuntamente a manos de un pederasta sobre el que pesaban dos sentencias condenatorias por otros casos de abusos sexuales y que nunca se llegaron a ejecutar. Por este motivo, las medidas del Gobierno no se hicieron esperar. Entre éstas, el ministro resaltó la "modernización" a través de sistemas informáticos (el Minerva NOJ verá la luz en su versión piloto el 19 de mayo); la modificación del Registro de Penados y Rebeldes para que se conozcan las medidas cautelares abiertas a un procesado en cualquier juzgado de España, los nuevos 15 juzgados de lo Penal, y la apertura de una Secretaría general con un perfil que mezcle la carrera judicial e informática para alcanzar este fin modernizador. Para el ministro, la ejecución de estas medidas son una de las "prioridades" y "retos" del Ejecutivo socialista para esta legislatura. El titular de Justicia defendió que en los últimos tres años se han fallado más de un millón de sentencias, a una media de 345.000 al año, pero se han logrado ejecutar más de las que se emitieron, según señaló, precisamente gracias a las medidas adoptadas por la Administración de la Justicia. Cándido Conde-Pumpido, propuesto por el Gobierno para el cargo de fiscal general del Estado, reclamó un apoyo presupuestario importante y la aplicación de las nuevas tecnologías para poner a la Justicia "a la altura de lo que es necesario". Ante las declaraciones del ministro de Justicia, el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, explicó que la Inspección dará cuenta periódica sobre sus resultados a la comisión. El CGPJ también remitirá el informe al Ministerio de Justicia y a las Comunidades autónomas con competencias transferidas.