CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

El ladrillo entra de lleno en la política ante la cercanía de los comicios

Por Antonio Pérez4 min

España22-10-2006

Los casos de partidos y políticos de primera fila envueltos en tramas de corrupción y en asuntos relacionados con las recalificaciones de terrenos o concesiones gestionadas de manera irregular se han convertido en una constante en los últimos años. Tal es así que el asunto ha llegado incluso más allá de nuestras fronteras.

El mismo presidente ruso, Vladimir Putin, conoce la problemática de la política y el urbanismo en España. En la reunión que mantuvieron la semana pasada los líderes de los países europeos y en la que Putin participó como invitado, llegó a decir que no acepta lecciones de democracia –debido a que se hizo referencia a la situación de los Derechos Humanos en Rusia- y menos de algunos países como España, que tiene alcaldes encarcelados por “corrupción”. Esta fama tiene una cierta base, que en los últimos tiempos ha protagonizado las páginas de los periódicos. No sólo el famoso caso Malaya que acabó con el ingreso en prisión de numerosos altos cargos del Ayuntamiento de Marbella ha sido el responsable. En la actualidad, la investigación de operaciones urbanísticas en diversas localidades de la costa, así como en Comunidad de Madrid o en la Castilla La Mancha siguen a la estela del ayuntamiento marbellí. En estos casos no se hace distinción entre partidos políticos: tanto responsables del Partido Popular como del Partido Socialista se han visto envueltos en distintos escándalos. En el caso de Ciempozuelos, dos exalcaldes socialistas del municipio, Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, están siendo investigados por el ingreso y posterior retirada de una cifra cercana al millón de euros en un banco de Andorra. En esa misma localidad se estudia ahora la participación del promotor inmobiliario Fidel San Román, que estuvo en prisión por su participación en operaciones urbanísticas en Marbella, y que presumiblemente podría estar involucrado en la compra de fincas que iban a ser revalorizadas para que se pudiera construir viviendas en ellas. San Román también formó parte de gestiones en Las Rozas, localidad gobernada por el Partido Popular, al igual que la Comunidad de Madrid. Hasta la familia de la propia presidenta, Esperanza Aguirre, también se ha visto involucrada en negocios urbanísticos en Tres Cantos y en Villanueva de la Cañada. Así lo denunció la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, al criticar la actitud del ex concejal del PP en Tres Cantos, Antonio Reina, que pidió comisiones ilegales por gestionar un proyecto urbanístico en la localidad. Porta ha exigido a la presidenta de la comunidad madrileña que de “una doble explicación” como presidenta de la comunidad y del PP en Madrid. En este sentido, el ex director general de Urbanismo de la citada comunidad y mano derecha de Aguirre en política urbanística, Enrique Porto, dimitió hace unas semanas después de la publicación de un supuesto pelotazo que llevó a cabo incluso en contra de la opinión de los expertos que debían valorarlo. Entre los municipios afectados por el plan de Porto, con el que obtuvo junto a sus socios unos 4,3 millones de euros, se encuentra precisamente Ciempozuelos. El caso Seseña y la búsqueda de un pacto nacional Por otro lado, la localidad toledana de Seseña también está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción debido a la construcción de una macrourbanización –más de 13.000 casas en bloques de diez pisos- por parte del promotor Francisco Hernando, alias El Pocero. Hernando compró casi la mitad de las fincas donde se iban a construir los pisos dos semanas antes de la recalificación, aprobada con el apoyo del PSOE y del PP. Ni siquiera el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo referencia a Seseña –aunque sí elogió la labor de la Fiscalía en el caso de Marbella- en la última sesión de control al Ejecutivo cuando fue preguntado por el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Marbella, Ciempozuelos o Seseña son sólo tres lugares de los diez que, en la actualidad, investiga la Fiscalía Anticorrupción por concesiones irregulares o recalificaciones de suelo dudosas. En la lista también se encuentran, entre otros, los municipios de Manival, Telde, Camas, Calvià o Santa Cruz de Tenerife. Tal vez ese sea el motivo por el que desde el Gobierno central y desde el PSOE se busca, además de la Ley del Suelo, un pacto nacional con el PP contra la corrupción. Un acuerdo que, al menos de momento, ha sido rechazado por el líder del PP, Mariano Rajoy. A su juicio, la solución es que los corruptos "dejen de robar" y que "actuén la policía y los jueces".