EUTANASIA
Una mujer con una enfermedad degenerativa pide su propia muerte
Por Elena R. Blázquez3 min
Sociedad22-10-2006
Un respirador es el motor que mantiene con vida a Inmaculada Echeverría, una enferma de distrofia muscular que ha pasado sus últimos 20 años inmóvil en una cama. Ella solicita la eutanasia para morir con dignidad, pero el Gobierno recuerda que la legislación actual no lo autoriza.
A los once años, Inmaculada empezó a perder la movilidad de las piernas y después de los brazos. Tenía una enfermedad congénita y progresiva, la distrofia muscular, que la dejaría casi totalmente paralizada a los 29 años. Hace nueve años, para evitar su muerte por asfixia le practicaron una traqueotomía para conectarla a un aparato de respiración artificial que la mantiene viva. Actualmente, con 51 años, sólo puede mover los dedos de la mano y de los pies. Además perdió la musculatura de lengua, cara y cuello, por lo que le resulta difícil hablar y comunicarse. Hace pocos días la mujer comunicó, a través de una carta enviada a la asociación Derecho a Morir Dignamente que quería acabar con su vida, pues ya no le encuentra sentido. Ella dice que acepta su enfermedad, pero no tolera los métodos artificiales que le alargan la vida. Reconoce que está pasando una fase de empeoramiento, en la que se encuentra más cansada, pero tomó su decisión muchos años atrás, en plena posesión de sus facultades y sin dejarse influenciar por situaciones parecida a la suya. El debate sobre la eutanasia se ha reabierto en España, recordando el caso similar de Jorge León, un tetrapléjico de 53 años que murió el pasado mayo. Una persona anónima que le sedó y le desconectó del respirador que lo hacía vivir. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha recordado que la eutanasia no está legalizada en España, y que el artículo 143 del Código Penal castiga con prisión a quien induzca o coopere con el suicidio de otra persona. Sin embargo, la consejera andaluza de Justicia, María José López, considera que es un buen momento para revisar la legislación pues los casos de ciudadanos que solicitan una muerte digna no son aislados, mientras que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se afirma que se pondrá en contacto con Inmaculada Echeverría para saber con seguridad qué es lo que está pidiendo. Luchar por la muerte Quienes apoyan la muerte autoprovocada basan su argumentación en la legislación vigente y en la demanda social. La Ley General de Sanidad de 1986, Ley de Salud de Andalucía de 1988 y Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que dictan que todo ciudadano tiene derecho a elegir entre las opciones terapéuticas disponibles para su caso y a negarse al tratamiento si así lo desea y conoce las consecuencias de su decisión. En el caso de Echeverría, la retirada de la ventilación mecánica se considera limitación del esfuerzo mecánico en un paciente irreversible y no es igual que la inyección de un fármaco que le quite la vida. A través de diversas encuestas realizadas entre 2000 y 2001, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) descubrió que el 85 por ciento de las enfermeras habían recibido peticiones de eutanasia, el 15 por ciento de los médicos reconocía haberla practicado alguna vez, y el 75 por ciento de la población consultada (11.452 personas de cinco países diferentes) se mostraba a favor del suicidio asistido. En el año 2005, un estudio de Swissinfo en seis países europeos trataba de dirigir la discusión, demasiado emocional hasta el momento, a un plano racional. Resultó que en un caso de cada dos, el médico recurrió a una de las formas de eutanasia. Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), las 122 unidades hospitalarias y 139 domiciliarias existentes en España ofrecen un servicio de calidad a los pacientes, pero no es suficiente, pues se estima que este país debería disponer de 100 camas de cuidados paliativos por cada millón de habitantes, lo que supondría la creación de 4.200 camas, y de un soporte domiciliario por cada 150.000 habitantes.