ASUNTOS SOCIALES
Hay más de 1.200 niños desamparados en Andalucía
Por Lucía E. González
2 min
Sociedad20-01-2006
La Junta de Andalucía deberá pagar una indemnización millonaria a una madre ex alcohólica por haberle retirado la custodia de sus hijos. Este caso ha reabierto el debate sobre los padres que entregan a sus hijos de forma voluntaria a la Administración autonómica. Son muy pocos; el año pasado sólo se registraron una docena de casos en la provincia.
La Audiencia de Sevilla ha decretado que la Junta Autonómica debía pagarle una indemnización de 1.400.000 euros a una madre a quien le habían retirado la custodia de sus hijos, una vez ella se encontraba rehabilitada de su alcoholismo. La sentencia consideraba entonces que, durante los diez años de “calvario” vividos por la mujer, se habían “pisoteado” los derechos que los niños tienen a estar con su progenitora. Días después, la consejera andaluza para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, hacía una reflexión en relación con la decisión de la Audiencia, y abogaba por una reforma del Código Civil y de la Ley Procesal para establecer plazos en los pronunciamientos de la justicia. Así se evitaría que el dictamen de sentencias se produjera después de diez años de haber entrado una causa en los tribunales. A raíz de este problema se desencadenó el debate sobre los niños andaluces: más de 1.200 se encuentran en desamparo y tutelados por la Junta de Andalucía en Sevilla. Vecinos, familiares o las mismas Fuerzas de Seguridad, se ven obligados constantemente a “alertar” sobre la situación de riesgo que viven algunos de estos con sus progenitores. Drogadicción, alcoholismo, delincuencia, prostitución, abandono, malos tratos o ausencia de escolarización son actualmente algunas de las fechorías que se encuentran detrás del desabrigo de cientos de menores en la provincia sevillana. La Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento administrativo, a través de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, para decretar el desamparo de menores, que pasa por distintas fases. Al principio, el menor ingresa en un centro; después, tras los trabajos e informes elaborados por expertos del servicio de protección, llega la actuación. La Administración decreta el desamparo, la Junta asume la tutela y guarda y custodia del menor. Llegado este momento, y en el caso de oponerse los padres a la decisión administrativa de la Junta, se plantea la cuestión en el juzgado de familia y es la autoridad judicial quien ha de resolverlo. Entonces, incluso puede empezarse a contar con la opinión del menor si este es mayor de doce años o el Juez lo considera oportuno. En cualquier caso, son muy pocos los padres que entregan a sus hijos de forma voluntaria Sólo hubo una docena de casos el año pasado en la provincia.