Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

CATALUÑA

PP y CiU frenan la reforma del ¬Estatut¬

Por Diana R. ValTiempo de lectura3 min
España09-07-2005

Después de intensas negociaciones entre los distintos grupos y limitaciones por parte del Gobierno, el proyecto de reforma del Estatut fracasa, pues fue firmado sólo por el tripartito. CIU, el grupo que tiene la clave para lograr la mayoría de dos tercios necesaria, se abstuvo en la votación final, al alegar que negociará hasta el último momento.

El proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña fue aprobado tras diecisiete meses de trabajo y en especial después de una semana de duras negociaciones. La condición indispensable que debe cumplir el documento es su compatibilidad con la Constitución española. El Gobierno sostiene que el texto original necesita algunos ajustes, después de haber funcionado durante 25 años. Pero lo cierto es que de los 57 artículos que tiene el Estatuto vigente, el primer borrador en principio contenía 300 y el que se ha firmado posee 218 artículos. Algunos de ellos tocan temas que producen tensiones como es el caso de la financiación de la comunidad o la consideración de Cataluña como una nación. Son las denominadas líneas rojas que producen tensiones y diferencias entre los distintos partidos que forman el Parlamento. El “nuevo estatuto” incluye siete propuestas de modificación de leyes orgánicas del Estado. Las proposiciones aluden a una reforma para que la Generalitat participe en los procesos de designación de los miembros del Tribunal Constitucional; para que los ayuntamientos puedan convocar referendos sobre materias de su respectiva competencia y se propone calificar como exclusiva la competencia del Defensor del Pueblo en materias que afecten a la Generalitat. Además, incluye la petición para que Cataluña sea considerada circunscripción electoral en las elecciones para el Parlamento Europeo; la reforma de la ley orgánica de la Ley Judicial, que pretende la creación de un Consejo de Justicia y un Tribunal Superior de Cataluña y por último propone regular las funciones del fiscal superior catalán. También contiene diez propuestas de traspaso a la Generalitat de competencias del Estado, mediante la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. Destacan las que hacen referencia a la inmigración y extranjería, el sistema penitenciario, actividades marítimas, consultas populares, seguridad pública, telecomunicaciones, expedición de títulos académicos y la gestión de puertos y aeropuertos. En cuanto a la financiación se incluye la propuesta del tripartito que prevé una Agencia Tributaria catalana coordinada con la estatal y que propone establecer el porcentaje no superior al 50 por ciento de participación que corresponda al Estado en los diferentes impuestos cedidos parcialmente entre partidos. DIVERGENCIA ENTRE PARTIDOS Entre los distintos partidos que componen el Parlamento catalán hay disparidad de opiniones. En el tripartito, el Partido Socialista Catalán (PSC) busca la constitucionalidad del texto. Por ello propone que la competencias en educación y cultura no sean definidas como exclusivas y reduce a dos el número de competencias a traspasar a la Generalitat, en inmigración e infraestructuras. Ezquerra Republicana (ERC) apela a los derechos históricos de Cataluña para pedir más competencias exclusivas en materia de educación, cultura, seguridad pública, administración y régimen local. ICV-EuiA buscan primordialmente reforzar el poder de los ayuntamientos. Por su parte, Convergéncia y Unió (CiU) no ha votado el texto y presentará tres votos particulares: financiación autonómica, competencias y modelo político y social de Cataluña. Además defenderán su propuesta de financiación que se decanta por un sistema similar al concierto económico. Por último el PP se opone al borrador en su conjunto y expresó su disconformidad con muchos de los artículos del texto, sobre todo con los principios y aproximaciones inconstitucionales. Ahora el texto provisional se hará público en el Boletín Oficial del Parlament, y hasta el 20 de julio los grupos tendrán ocasión de presentar y negociar enmiendas. El 21 de julio la Comisión Primera de la Generalitat se reunirá para designar a los miembros de una nueva ponencia, formada por un representante de cada grupo. Desde este día hasta del 25 de julio esta nueva ponencia tendrá tiempo para negociar nuevas enmiendas. Hasta el 29 de julio se producirá el debate y votación del dictamen de la Comisión Primera del Parlamento Catalán. En septiembre se trasladará al pleno.