IMPUESTOS
El Gobierno cambiará la polémica Ley de Estabilidad Presupuestaria
Por Paula Escalada Medrano
2 min
Economía19-06-2004
El Gobierno sometió a votación la semana pasada el techo de gasto de los Presupuestos de 2005: 124.525,76 millones de euros, un 6,2 por ciento más que la cantidad del presente 2004. Así mismo, Pedro Solbes, ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, puso de manifiesto su objetivo de mantener una estabilidad presupuestaria hasta el 2007.
Ambas propuestas forman parte del inicio del trámite para elaborar las cuentas públicas del 2005 y ambas derivan de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta Ley fue aprobada por el gobierno de Aznar en el 2001 y comprende la obligatoriedad de mantener el déficit cero en todas las administraciones locales y comarcales. Era una de las principales bazas de la política del Partido Popular durante sus últimos años de gobierno y los populares alardeaban de su efectividad. La votación en el Congreso fue aprobada por 170 votos a favor frente a 143 en contra y 13 abstenciones. En contra del Gobierno se mostraron el PP, CiU y el Grupo Mixto, y las abstenciones fueron del PNV e IU. Mientras, la propuesta del PSOE fue apoyada por la que parece ser principal aliada del Gobierno, Esquerra Republicana, y por Coalición Canaria. Pero el apoyo de estos dos grupos no fue gratuito. Así, los dos partidos dijeron “sí” a la propuesta a cambio de que se reforme la polémica Ley, mencionada anteriormente, de Estabilidad Presupuestaria. Esta reforma, prometida y aceptada ya por el Gobierno, consistirá en anular la obligatoriedad del déficit cero, de manera que el equilibrio de las cuentas se lleve a cabo no cada año, sino durante un ciclo presupuestario en el cual se permita ajustar las políticas de gasto de las administraciones en función de la evolución de su economía. Es decir, se dará ampliarán las facultades de las comunidades para que puedan hacer políticas de gasto de acuerdo a las necesidades específicas de cada una de ellas. A pesar de esto, con la reforma, el Gobierno será el que determine las metas de cada administración, aunque éste tendrá en cuenta “las necesidades financieras y el esfuerzo fiscal” que éstas realicen. Así mismo, Solbes ha asegurado que cuando una comunidad tenga dificultades económicas podrá y deberá mantener una relación bilateral con la Administración central.