MERCADO INMOBILIARIO

Trujillo pone fin a la polémica sobre las 180.000 viviendas prometidas en campaña

Por Eva Olarte2 min

Economía29-05-2004

Al fin parece que ha quedado aclarada la polémica que surgió, hace dos semanas, con respecto a las 180.000 viviendas al año prometidas por el PSOE cuando aún estaba en campaña electoral. Las que en campaña llamaron viviendas se convirtieron meses después en actuaciones sobre vivienda.

Pero ni lo uno ni lo otro. Según anunció la ministra del ramo, María Antonia Trujillo, lo que pretende el Gobierno es financiar la construcción de 90.000 viviendas de protección oficial (VPO) al año y promover otras tantas actuaciones en viviendas usadas. Actuaciones que pasarían, entre otras, por subvenciones al alquiler y la rehabilitación, y salida al mercado de viviendas desocupadas. El Plan previsto por el Gobierno para el período 2005-2008 tiene como objetivos favorecer el acceso a la vivienda, crear viviendas dignas y adecuadas y promover un desarrollo urbano armónico y sostenible. Así, dichos objetivos se centran en tres líneas básicas de actuación. Por un lado, se trata de evitar la retención especulativa del suelo, que pone trabas a la urbanización y edificación. Por otro, de promover ayudas para la adquisición de viviendas protegidas, así como para la rehabilitación de viviendas y áreas urbanas. Y, por último, reforzar el mercado del alquiler, equiparando los beneficios fiscales del alquiler con los de la propiedad. Actualmente, sólo los compradores obtienen deducciones fiscales -15 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por compra de vivienda de uso habitual-, y ésta, según Trujillo, es una práctica contraria a las políticas europeas, que destinan más fondos a las ayudas directas en detrimento de los incentivos fiscales. El Plan de Vivienda, que se presenta como uno de los programas estrella del Gobierno, nace con no pocos inconvenientes, si se tiene en cuenta que la ministra Trujillo, además de entenderse con los agentes del sector, tendrá que lidiar con las comunidades autónomas y con el vicepresidente económico, pues son ellos quienes tienen, respectivamente, la competencia en materia de suelo y en materia fiscal. Por otro lado, el modelo de las ayudas directas, si bien permite dirigir mejor los fondos públicos hacia quien realmente lo necesita –como jóvenes, familias numerosas o contribuyentes con las rentas más bajas- promete ser polémico si lo que supone es poner fin a la desgravación universal por la compra de vivienda.