Las claves del desacuerdo

Por La Semana2 min

España19-07-2001

La presencia o no del PNV en el Consejo General del Poder Judicial, el perfil político de los candidatos y el caldeo constante de las relaciones entre los negociadores impidieron que se llegara finalmente a un acuerdo. Los socialistas tenían en sus previsiones como irrenunciable la presencia de todas las minorías políticas en el Consejo General del Poder Judicial.

Son 20 los vocales que componen este órgano, además del presidente. El PP, al inicio de las negociaciones, quería once vocalías y la presidencia. El PSOE pretendía siete vocalías y la representación de las minorías -Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida y Convergéncia i Unió-. En el acuerdo final, que el PP no reconocía como válido mientras no se llegara a un acuerdo en la renovación de los otros dos órganos- los populares obtenían diez vocalías y la presidencia, el PSOE tenía siete, y CiU e IU obtenían una cada una. La vocalía número 20 no era para el PNV, sino que se nombraba a un candidato de consenso, como se le llamó, del gusto tanto del PP como del PSOE. Este fue el primer escollo en las negociaciones y uno de los puntos de conflicto entre los dos partidos. De que el PNV no estuviera representado en el CGPJ se acusaron mutuamente PP y PSOE: Los socialistas aseguraban que estaban dispuestos a cederle uno de sus vocales al PNV y que el PP se negaba a ello. Los populares aseguraban que aquello no había sido así, y que los socialistas se negaban a dar una de sus vocalías al PNV pasando de tener siete a seis. Lo cierto es que, una vez rotas las negociaciones -al menos temporalmente y aunque los partidos no lo reconocieran como ruptura- el PSOE exigía que, para reiniciar las conversaciones, se permitiera que entrara una representante del PNV -Margarita Uría- en lugar del candidato de consenso. No renunciaba el PSOE a tener sus siete vocales en el CGPJ. Argumentaban que ya habían hecho suficiente sacrificando a Luis Martín Noval y a Joan Armet en el Tribunal de Cuentas porque el PP había exigido que se rebajara el perfil político de los candidatos. Y, decían, no podían aceptar que un "franquista" entrara a formar parte del Tribunal Constitucional. Se comentaba, aún así, que el propio secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero había dado su consentimiento por teléfono a Jesús Caldera delante del propio Javier Arenas, para que diera el visto bueno a García Calvo. Al final, unos y otros registraron por separado sus respectivos papeles: el Partido Popular, las listas de candidatos para los tres órganos tal cual se aseguraba que se había acordado a mediodía por ambos partidos. El PSOE registraba, tan sólo, un papel con los candidatos de consenso del CGPJ. Ninguno de los documentos que entraron en registro llevaba la firma de las dos partes de la negociación, luego no tenían ninguna validez jurídica.