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‘CASO KIO’

De la Rosa vuelve a estar entre rejas

Por Cristina Iglesias DíazTiempo de lectura2 min
España15-02-2004

Alrededor de 11,4 millones de euros. Éste fue el botín que los empresarios Javier de la Rosa y Manuel Prado y Colón de Carvajal, junto con el ex consejero delegado del Grupo Torras, Jorge Núñez Lasso de la Vega, se apropiaron durante la Operación Wardbase al Grupo Torras.

En diciembre de 2002 llegaba la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a De la Rosa y a Núñez Lasso de la Vega unas penas que oscilaban entre los tres y los cinco años y medio por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental. Fueron unas condenas relativamente cortas en comparación con las propuestas por el fiscal Anticorrupción, Salvador Viada, que solicitaba diez años de cárcel para De la Rosa y Núñez Lasso de la Vega, así como cuatro años y dos meses para Prado y Colón de Carvajal. Además, deberían pagar una indemnización al Grupo Torras de 12 millones de euros. En enero de 2004, los abogados de los imputados en el Caso KIO pidieron al Tribunal Supremo una revisión de las penas de sus representados en una vista pública. Pero esta petición fue denegada y el magistrado del Tribunal Juan Saavedra decidió que se celebrase una sesión a puerta cerrada y tuvo como resultado la ratificación de las penas de los acusados. La única variación fue la de la condena de Prado y Colón de Carvajal cuyos cargos, por falta de antecedentes penales, fueron anulados y le libraron de volver a prisión. El fraude por el que fueron condenados De la Rosa y sus compañeros imputaba a la compañía inglesa Wardbase LTD. La empresa percibía 12 millones de euros, de los cuales 11,4 de ellos se ingresaron en la que Prado y Colón de Carvajal tenía en un banco suizo. La excusa para relacionar a la empresa inglesa con la compañía papelera Torras fue que Wardbase colaboraba con Torras en la puesta en marcha en Bélgica de una planta papelera. Pero según De la Rosa, KIO habría ordenado el pago de los 11,4 millones de euros a Prado y Colón de Carvajal para retribuir la supuesta intermediación entre los Estados Kuwaití y español tras la invasión de aquel país por Irak. Pero esta tapadera no fue aceptada entonces por la Audiencia Nacional ni ahora por el Tribunal Supremo, debido a que no existía relación alguna entre las razones expuestas por De la Rosa y el contrato entre Wardbase y el Grupo Torras Papel. En la celebración de la última sesión, se imputó a Juan José Folchi, Carin Linda Parker, Miguel Soler Sala y José María Fot Casas, los cuatro conocedores del fraude de De la Rosa, Prado y Colón de Carvajal y Núñez Lasso de la Vega.