PLAN IBARRETXE

El Gobierno reformará el Código Penal para frenar el ¬Plan Ibarretxe¬

Por Alberto Pequeño Salgueiro2 min

España27-11-2003

Cinco años de prisión. Es la pena a la que se tendría que someter el lehendakari si finalmente convoca un referéndum. Se trata de una de las reformas legales que el Gobierno ha promovido para luchar contra el plan secesionista de Juan José Ibarretxe. La reforma castigará también al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, en el caso de que siga subvencionando como grupo parlamentario a los sucesores de Batasuna.

El lehendakari está contra las cuerdas. El pasado miércoles, el parlamentario del Partido Popular, Leopoldo Barreda, subrayó que “la implicación de colectivos en iniciativas jurídicas significa que el proyecto de Ibarretxe se ve como un desafío a la sociedad vasca”. Por otro lado, Barreda hizo hincapié en la importancia de que “los dos grandes partidos (PP y PSOE) tienen que saber entenderse para poder afrontar estos desafíos” ya que hay que tener en cuenta que “el Plan Ibarretxe va a continuar y hay que ser consciente de que va a ser un plan irreversible y que se llevará hasta sus últimas consecuencias”. Las medidas no se han quedado en aceptar un recurso. El PP ha apurado las posibilidades legales que le quedan antes de que finalice, a finales de diciembre, su legislatura parlamentaria. Se trata de reformar la Ley Orgánica de Demarcación y Planta, una ley complementaria a la Ley de Arbitraje. La reforma será llevada a la Comisión y al Pleno y, con su aprobación en el Senado, regresará al Congreso para someterse a una votación global en Pleno. Todos estos cambios perjudican al lehendakari. Su empeño de mantener el referéndum aunque sea delito, puede llevarle cinco años a la cárcel. Con estas nuevas reformas se convertirán en delito todas las convocatorias de referéndum sin una autorización legal. La sanción se amplía a todo aquel que participe o ayude a la celebración de un referéndum ilegal, que podría enfrentarse a penas de entre seis meses y un año de cárcel. El otro nuevo delito que normaliza la futura reforma del Código Penal es la subvención a los grupos disueltos. De esta forma, el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, también podría acabar entre rejas si no cumple la resolución dictada por el Tribunal Supremo de disolver al grupo parlamentario sucesor de Batasuna.