AYUDAS ECONÓMICAS
El Ministerio de Cultura subvenciona de nuevo a la Fundación Franco
Por Eliane Hernández Montejo
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Cultura26-08-2003
Un año más el Ministerio de Cultura ha otorgado ayudas económicas a la Fundación Francisco Franco, reabriendo así la polémica que surgió cuando el año pasado se dio a conocer la existencia de esta subvención.
Ahora, como ya sucedió anteriormente, todos los partidos de la oposición se muestran en contra de la concesión de estas ayudas. Las críticas contra esta subvención se centran básicamente en dos puntos. Por un lado, los fines de la institución, destinada a "difundir los logros y realizaciones llevadas a cabo por el régimen político de Franco", considerados por la oposición como una manifiesta apología de la dictadura. Y por otro, las trabas que ponen desde la entidad para que los historiadores puedan acceder a los documentos. Y es que la Fundación Francisco Franco, presidida por su hija Carmen Franco, recibirá 26.690 euros destinados a la informatización y conservación de su archivo como parte de un convenio firmado el 4 de octubre del 2001, por el que ésta se compromete a permitir el acceso de los historiadores a sus fondos, algo que, según han denunciado los historiadores Javier Tusell y Andreu Mayayo, no está sucediendo. Desde el Ministerio de Cultura, sin embargo, aseguran que "no se ha recibido ninguna denuncia de ningún investigador sobre el acceso a dicho archivo. Y concluyen afirmando que "la Fundación Francisco Franco ha obtenido ayudas que se aplican al tratamiento documental de los fondos archivísticos procedentes del anterior Jefe del Estado, porque esta documentación se considera del mayor interés histórico por la comunidad investigadora". El archivo de la Fundación Francisco Franco reúne unos 27.000 documentos del dictador, de los cuales sólo unos pocos pueden considerarse estrictamente privados ya que la mayoría se refieren a la actividad del dictador como jefe de la Administración. Por ello, los partidos políticos de la oposición consideran que deberían ser de carácter público en lugar de permanecer en manos de una entidad privada.